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martes, 23 de octubre de 2018

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre las hipotecas(La España de las Autonomías nos devora)

Una sentencia pionera carga al banco el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma ha dictado una de las sentencias pioneras a nivel nacional —la primera en

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Reproduzco íntegramente el artículo del enlace epigrafiado, el cual, como puede verse, es de agosto del pasado 2017, suscrito por Esther Ballester y publicado por Crónica Global. Yo lo conservaba en "Borradores", y , luego del revuelo armado el jueves pasado, 18 de octubre de 2018, según se dice, por la decisión de una de las Salas del Tribunal Supremo, en discordancia, por cierto, con otra Sala también del Tribunal Supremo, no sé, sinceramente, qué es lo que realmente está pasando o se persigue. Pues, insisto, el tema , más bien la problemática planteada , así como la no uniformidad de los criterios de las Salas(jueces) del Tribunal Supremo,máximo órgano de la llamada Justicia en España, viene de cuanto menos, más de un año. Entonces, me pregunto, ¿por qué precisamente ahora, este "revolution"  compulsivo?.
01.08.2017 23:00 h.
6 min
El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Palma ha dictado una de las sentencias pioneras a nivel nacional —la primera en Baleares— en imponer a una entidad bancaria el pago del común a la par que desconocido Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Se trata de un tributo que supone entre el 80% y el 90% de los gastos vinculados a la constitución del préstamo y sobre cuyo abono se pronunció en diciembre de 2015 el Tribunal Supremo: los magistrados consideraron abusivo que el comprador de la vivienda tuviese que correr con el coste del gravamen asociado a la firma de la hipoteca.
Ahora, mediante una resolución a la que ha tenido acceso Crónica Global, el Banco Santander ha sido condenado a devolver 4.040 euros más intereses tras ser declarados abusivos los gastos en que incurrió la demandante del proceso, quien suscribió la hipoteca en diciembre de 2009: 2.889 euros en tributos, 587 en honorarios del notario, 192 por las actuaciones del Registro de la Propiedad y 371 por gastos de gestoría.
Doctrina del Supremo
La sentencia recoge la doctrina establecida en este sentido por el Supremo. La Sala de lo Civil recriminaba que se atribuyesen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato, “supliendo y, en ocasiones, contraviniendo normas legales con previsiones diferentes al respecto”. Se refería en concreto a las cláusulas de gastos de los préstamos hipotecarios, que atribuyen a la parte prestataria —el cliente— el pago de todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados durante la tramitación de la escritura.
El órgano judicial señalaba además que la entidad prestamista no puede quedar al margen de los tributos que se devenguen de la operación, sino que, “al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo” a la hora de asumirlo, tal y como recalcaba en una sentencia clave, dictada el 23 de diciembre de 2015. Por tanto, la sala consideraba abusivo que se imponga al consumidor “el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario”.
Nulidad del vencimiento anticipado
El fallo del juzgado de Palma, contra el que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Baleares, declara asimismo la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en el contrato hipotecario, tal y como solicitaba la demandante, asistida por el abogado Francisco José Pérez. En virtud de esa cláusula, el banco se reservaba la facultad de reclamar la cantidad total, incluidas las cuotas no vencidas, en caso de impago de un solo plazo.
En declaraciones a este diario, el letrado de la demandante aplaude el sentido de la sentencia y celebra que los juzgados “sigan censurando la actuación de los bancos y poniendo coto a prácticas abusivas que se han producido durante años”. “La legislación es clara a favor del consumidor pero los bancos la omiten con la esperanza que el cliente no actúe y maximizar beneficios, todo ello con el plácet del Congreso, que podría ser más activo para evitar que el ciudadano asuma unas condiciones abusivas y que deban ir al juzgado a reclamar”, incide Pérez.                       
El letrado recalca además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)​ ya ha manifestado “la protección que merecemos frente a los bancos”, pero lamenta que éstos hagan “caso omiso” mientras el Gobierno “dicta normas a su favor cuando los reveses judiciales son diarios”. Fue lo que sucedió, asevera, con el decreto legislativo para las cláusulas suelo, una normativa “claramente probanca que no ha servido para solucionar el problema existente”.
Sentencias a favor y en contra de la devolución del IAJD
La sentencia dictada por el juzgado de la capital balear es una de las primeras que, a nivel nacional, ha acordado hasta el momento devolver el IAJD a los usuarios afectados. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers se acogía en diciembre de 2016 a la jurisprudencia del Supremo, así como el de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vic el pasado mes de junio.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Oviedo determinó en abril que el pago tanto del impuesto de actos jurídicos documentados como de la tasación inmobiliaria debe ser asumida por el cliente, al amparo del criterio marcado por los tribunales de lo contencioso-administrativo. Y en este mismo sentido, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital asturiana aseveraba que las sentencias de la justicia contencioso-administrativa “son unánimes y señalan como sujeto obligado del tributo al prestatario”.
En concreto, el tipo general del IAJD depende de cada comunidad autónoma aunque oscila entre el 0,5% y el 1,5% del coste de la hipoteca, a lo que se suman los gastos del notario, la tasación y el coste del registro, además de aproximadamente un 4,2% en intereses. En el caso de Baleares, el tipo es del 1,2%, mientras que en Cataluña asciende al 1,5% --aunque disminuye al 0,1% en la compra de viviendas protegidas y al 0,5% si el comprador tiene menos de 32 años o tiene una discapacidad--.

El artículo de prensa más arriba enlazado - reitero- es de agosto del pasado año 2017, y como se puede comprobar según allí se señala existían dos precedentes, uno de diciembre de 2016, y otro de junio 2017, ambos acogiéndose  a la doctrina del Supremo, y la resolución era la devolución del impuesto al usuario afectado.😲😳

ooOOoo

7 de noviembre de 2018: Finalmente el Tribunal Supremo decidió que todo siguiera como estaba, es decir, que el impuesto lo siguiera pagando el ciudadano común. Supongo que en lo que a las decisiones de lo que llamamos justicia española, el tema pueda entenderse como zanjado, pero no lo creo en lo que respecta a otros tribunales de justicia, como el tribunal superior de justicia europeo. Pues de sus fallos , aunque tardíos, ha derivado la anulación de la cláusula suelo,  y el cuestionamiento de la del vencimiento anticipado y otras cláusulas incluidas en los contratos de préstamos bancarios que se pueden entender como claramente abusivas. Así pues, lo único que habrá es que esperar un poco más. Porque hay DOS CUESTIONES que con todo este revuelo QUEDAN CLARAS, al menos para mí:

 . Que la Administración Pública debería suprimir TAN GRAVOSO IMPUESTO. Porque, el Banco, la entidad de crédito lo que hasta ahora ha hecho  era recaudar para Hacienda,  es decir, lo cobraba y posteriormente   lo ingresaba  EN LA CAJA DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD. Gravamen, por cierto, que  es el gasto más elevado de los que constituyen la formalización de una hipoteca( un aprox. 70%), y, además,  no existe en la mayoría de los otros países de nuestro entorno.  
.. De la  voracidad impositiva del Estado y en especial  por su necesidad de sufragar los elevados costes del mantenimiento de la España Autonómica, la hidra de las diecisiete insaciables  bocas. Las diecisiete bocas que se han tragado el IAJD, y la que , en suma, habría de devolver lo cobrado.  Cuestión  esta  de la devolución al usuario del impuesto cobrado por uno, pero para otro que, finalmente, ha quedado , o pretendido quedara, difuminada.      
Este impuesto fue creado por decreto ley  por el gobierno socialista de Felipe González y otro gobierno socialista, el de los ochenta y cuatro escaños de Pedro Sánchez, también por decreto ley, arbitra "la solución" de que el  el tributo debe recaer, o sea, debe ser pagado por la entidad bancariaDe la cuestión básica de la devolución al usuario ni mu.


10 de noviembre de 2018:  Ha llamado mi atención que el decreto ley del gobierno para  que fueran los bancos los que soportaran el IAJD no provocara su caída en Bolsa.  Ya se ve que la Economía no es una ciencia exacta. He leído que finalmente la aplicación de la nueva normativa repercutirá en unos ochocientos millones más de euros para las haciendas de las comunidades autónomas. 👀 ¡Insaciables!

jueves, 13 de abril de 2017

Caso Pretoria (3) imágenes e información de ayer y de hoy.

El juicio del 'caso Pretoria' comenzará el 13 de marzohttp://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juicio-del-caso-pretoria-comenzara-marzo-5690304
"La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado entre el 13 de marzo y el 25 de septiembre el juicio del 'caso Pretoria', en el que se sentarán en el banquillo los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita 6 años y 10 meses de cárcel por corrupción urbanística.Aunque la vista se prolonga varios meses, cada uno de ellos sólo tiene señalados entre tres y seis días. Así en marzo las sesiones se han señalado para los días 13,14, 15 y 23, el 17 de abril, en mayo para el 8, 23, 24 y 25, en junio, el 5, 14, 15, 22, 28 y 29, el 3, 4, 5, 6, 10 y 13 de julio y el 12, 13, 14, 18 y 25 de septiembre.Además de las penas de prisión, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación multas que suman 13,7 millones de euros para Prenafeta; 10,3 millones, para Alavedra, y 4,1 millones, para Muñoz. El juez Pablo Ruz dictó un auto hace casi dos años en el proponía juzgar al presunto cabecilla de la trama, Luis García, 'Luigi'. Para este, el fiscal pide 8 años de cárcel y multas que suman 22,6 millones de euros.
En total hay 11 acusados por el fraude de 45 millones de euros a los ayuntamientos de Santa Coloma, Badalona (Barcelona) y Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). Los delitos que se les imputa son tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales."
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'Caso Pretoria': el juicio que no llegahttp://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/juicio-pretoria-alavedra-prenafeta-santa-coloma-gramanet-5283788
SÁBADO, 23 DE JULIO DEL 2016 - 20:08 CEST(G.Albalat)Pocos se podían creer lo que estaba sucediendo. Los todopoderosos cargos históricos de CDC Macià Alavedra y Lluís Penafeta, que antaño habían sido hombres de máxima confianza de Jordi Pujol, habían sido detenidos e ingresaron en prisión. Corrría el 27 de octubre del 2009 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenaba su arresto junto con el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, el exdiputado del PSC Luis Andrés García y a otras personas, entre ellas empresarios de la construcción. Estaban (y están) acusados de formar parte de una trama de corrupción que presuntamente cobró comisiones, evadió capitales a paraísos fiscales y se aprovechó de la condición de funcionarios públicos de algunos de sus miembros. Han pasado casi siete años y, como suele pasar en estos casos, el juicio está pendiente.El juez Pablo Ruz (sustituto de Baltasar Garzón al frente del juzgado) acordó en marzo del 2015 enviar a juicio a 11 personas por el caso, entre ellas a Alavedra, Prenafeta, Muñoz y García y les impuso 102,6 millones de euros en total en concepto de fianzas civiles. Los imputados se enfrentan a peticiones de penas de prisión que oscilan entre uno y ocho años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Desde entonces, los trámites procesales están alargando la situación. Otra cosa será encontrar las fechas adecuadas para la celebración del juicio, que está previsto que dure días.
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"El exalcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, del PSC, ha quedado en evidencia en la mañana de este martes en la Audiencia Nacional durante su propia declaración, después de que la fiscal anticorrupción del caso Pretoria, Ana Cuenca, le obligara a escuchar la conversación telefónica que el regidor mantuvo con el principal imputado de la trama, Luis Andrés García, el 29 de julio de 2009. Después de negar tajantemente que conociera al empresario Josep Singla más que de haber coincidido con él en "tres o cuatro inauguraciones de obras", la sala pudo escuchar cómo en la mencionada grabación el propio Muñoz pedía a García una cita con Singla. "Quiero verle", reclama al hombre que hacía de intermediario entre empresarios y políticos antes de confesarle el motivo para el que pedía esa reunión. "Quiero que se postre a mis pies; menos lloriqueo y más agradecimiento", exigió el entonces alcalde de la localidad catalana, primer acusado que declara en el marco del caso Pretoria, que comenzó este lunes a juzgar la Sección Segunda de la Sala de lo(...)El proyecto Pallaresa sufrió dos modificaciones urbanísticas desde que fue aprobado en 2001 por la antecesora de Muñoz en el cargo, pasando de ser una zona comercial, de viviendas protegidas y con un hotel de cuatro estrellas, a un área con pisos libres, un hotel de tres estrellas el doble de grande
//www.elconfidencial.com/espana/2017-03-14/el-alcalde-de-pretoria-queria-someter-a-los-empresarios_1348002/ Penal de la Audiencia Nacional.
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http://estaticos.elmundo.es/documentos/2009/10/30/autopretoria.pdf
Copio y pego algunos de los párrafos, a mi modesto entender, más significativos del auto de instrucción del juez Garzón, de fecha 30.10.2009
"AUTO -En Madrid, a 30 de octubre de dos mil nueve.
HECHOS
PRIMERO.- De lo actuado se desprende la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet con ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y en Islas Madeira y Caimán. Las vinculaciones con estos últimos lugares ajenos al territorio español, se ciñe al desarrollo de la ilícita actividad de blanqueo del dinero obtenido de la actividad principal de algunos miembros de este grupo en España por la adquisición de importantes obras de arte. 
Las actividades principales del grupo han consistido en lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda, fraude en las subvenciones de la Unión europea, exacciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros, y la actividad empresarial de los demás.
El nexo de unión de este grupo es la persona de Luis Andrés García Sáez, empresario con una especial vinculación en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y, específicamente con el alcalde de esa ciudad, Bartomeu Muñoz Calvet, el concejal del área de Urbanismo Manuel Dobarco Touriño, el Jefe de Servicio adjunto a la Alcaldía, Pascual Vela LasCuevas y otros. Han intervenido como intermediarios y comisionistas, desarrollando contactos con diversas instancias de las administraciones y empresarios, percibiendo por ello cantidades de dinero, además de otras actividades que son objeto de la investigación, los Srs. Maciá Alavedra Moner, Lluis Prenafeta Garrusta y Luis Andrés García Sáez. Otros empresarios partícipes de esta trama son José Singla Barceló y Lluis Casamitjana Serraclara, quienes han pagado las cantidades exigidas en virtud de las adjudicaciones de contratos y las modificaciones de planes conseguidas y Manuel Carrillo Martín, que ha entregado cantidades al alcalde de Santa Coloma.
SEGUNDO.- La mecánica desarrollada, según se desprende de la investigación realizada, se desplegaba siguiendo una serie de pautas comunes, en varias promociones urbanísticas entre 2000 y 2005, que han sido identificados con los nombres de:
1. Operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramanet) (2001-2005).-
Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan, la disminución desuperficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en 9 días.Los adjudicatarios del proyecto original (Proinosa, Riera y Excover) formaron CENTRE COMERCIAL GRAMANET, pero sus acciones fueron vendidas a Tultar SL ( Luis Andrés García ) y a Ard Choille N.V. El motivo de la venta fue la supuesta inviabilidad del proyecto en ese momento y que en el Ayuntamiento les dijeron a través de Lluis Falcó que no se podía modificar(...)
2. Operación Badalona (2002-2004).- 
Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona, S.A. de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerableEsta empresa estaba participada por el Ayuntamiento de Badalona y el Consell Comarcal del Barcelonés al 50 por ciento.
La operación se instrumentó a través de Badalona Building Waterfrort, S.L. (BbWSL), participada entre otros por Schroeder Invest SL. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a ESPAIS y PROCAM. (...) El nexo de unión, al igual que en las otras dos operaciones (Pallaresa y Niesma) fue Luis de Andrés García Sáez.
3. Operación Niesma (2003-2007).- Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas. La operación en cuestión se desarrolló entre el 23 de mayo de 2003 y el 17 de abril de 2007(...)
Las pautas comunes, según se desprende de lo anterior, eran:
a) Los Ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con las empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.
b) Para asegurar la efectividad de la acción, planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.
c) La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca del municipio.
Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. De esta forma, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios que nunca era el Consistorio (...)
Las cantidades que resultaron de la rectificación en las principales operaciones estudiadas(Badalona, Pallaresa y Niesma) y que no se ingresaron en las arcas municipales fueron de 13.000.000 € (Pallaresa), 1.377.000 €, 4.000.000 € y 12.377.000 € (SAN ÁNDRES DE
LLAVANERAS y 14.000.000 € (BADALONA).
La mecánica en estas operaciones ha sido siempre la misma, (...)Hay otras operaciones que también están siendo investigadas y en las que igualmente existirían irregularidades con alcance de ilícito penal. Tales son, en el Ayuntamiento de Santa Coloma, el proyecto de Parking del Fondo, Moraguas y Banús, Mercado de Fondo, la CIBA, Dr. Ferrán, guarderías, a través de las actividades de la empresa pública GRAMEPARK, presidida por Manuel DOBARCO TOURIÑO y bajo el control del alcalde Bartomeu MUÑOZ CALVET; desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención de contrato de limpieza por LIMASA(Manuel CARRILLO MARTIN) (...).
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 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/27/barcelona/1256636821.html
OPERACIÓN PRETORIA | En total hay ocho personas arrestadas
Detenidos por corrupción dos ex altos cargos de Pujol y el alcalde de Santa Coloma.(...)siete personas han sido arrestadas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística -bautizada como Operación Pretoria- que salpicaría a tres municipios de la provincia de Barcelona: Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres .Entre los cargos en activo destaca la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz Calvet y de Manuel Dobarco Touriño, regidor de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa Gramepark. De hecho, esta mañana la Guardia Civil también ha acudido a la sede de esta compañía, una empresa municipal.También han sido detenidos Pascual Vela, el ex diputado del PSC, Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa; y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. El séptimo arrestado es el ex diputado del PSC Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, en el caso que fue instruído por el juez Adolfo Fernández Oubiña.En Sant Andreu de Llavaneres, las pesquisas se centran en el convenio de urbanismo de 2006, cuando gobernaban en coalición PP y PSC. En la actualidad, el gobierno es convergente.Dos alcaldías socialistas y una convergente.Santa Coloma de Gramanet, a sólo ocho kilómetros de Barcelona, está gobernada por el PSC, con el alcalde Bartomeu Muñoz Calvet al frente del equipo de gobierno. Cuenta con más de 115.000 habitantes. Badalona es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, tras Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Con más de 221.000 habitantes, está gobernado por el PSC en coalición con ERC y CiU. El alcalde es Jordi Serra Isern, que ocupó el cargo en abril de 2008 en sustitución de Maite Arqué, quien abandonó la alcaldía para ocupar su escaño en el Senado. BBVA Privanza como precedente La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos hoy por orden de Garzón."

lunes, 3 de abril de 2017

Caso Pretoria, un paradigmático asunto.

Llevo ya unos cuantos días consumidos en la búsqueda y posterior lectura de información en relación a los casos Palau y Pretoria.  Pero hoy, 3 de abril de 2017, sólo escribiré sobre este último caso, manifestando, en primer lugar,   mi perplejidad en relación al tratamiento informativo escaso, ¡cuán escaso!, así como bastante mutilado que , según creo,   se está dando al juicio  que, por fin, -  ¡loado sea el Señor! - después de transcurridos siete años desde que saltara el escándalo,  en los finales de octubre del 2009, ha tenido inicio en la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (Madrid)(*). Causa judicial cuya instrucción la inició el renombrado ex juez Garzón en 2009, y bautizó como “PRETORIA”. ¡Un curiosos nombre! Pues en  tiempos del glorioso Imperio Romano  era el  palacio donde habitaban y donde juzgaban las causas los pretores romanos o los presidentes de las provincias”. Y según el diccionario “PRETOR” tiene dos posibles significados, que a continuación detallo (copio y pego):
Pretor:(Derivado del ant. prieto, negro.)s. m. PESCA Negrura de las aguas en los lugares donde abundan los atunes.
pretor  (del l. proetore)m. hist. Magistrado romano, segundo dignatario de la República. El cargo fue creado hacia 367 a C. Administraba justicia y paulatinamente asumió funciones legislativas.

 Particularmente,  me inclino por el primer término,  es decir, el usado en pesca,  habida cuenta que una instrucción judicial tiene sus similitudes con una operación de pesca; de pesca, obviamente, de delitos y delincuentes, y, todavía más si  en lugar de atunes, peces que pueden  y suelen  alcanzar grandes dimensiones,  sustituyes esta palabra por “PECES GORDOS”.   Creo, en suma, que  muchos de éstos, metafóricamente hablando, están inmersos  en la negrura del caso Pretoria.

Sin embargo, según leí en lavanguardia.com, fue a “Petrus”, el bufete de abogados barcelonés, al que debe la metafórica denominación.  Y desde luego, viendo el  largo historial tanto del bufete como  del nombre y del  prestigio social, político y económico de sus clientes que están involucrados en asuntos judiciales, también podría ser válido este apelativo.

Con el fin de sustentar, pues, mis afirmaciones, detallo las fuentes informativas, al mismo tiempo que resalto aquellos párrafos y datos para mí más ilustrativos, mediante el recurso del copio y pego:

Empiezo por el artículo de La Vanguardia, publicado ahora hará un año, (2016) titulado “LOS PAPELES DE PANAMÁ. Fonseca trabajó para decenas de clientes del bufete catalán Pretus. El despacho barcelonés ayudaba a domiciliarse en el extranjero o a crear entramados societarios(...)…Las ramificaciones de su actividad se pierden entre paraísos fiscales, centros financieros y la práctica totalidad de las capitales y de las principales ciudades europeas. También en Barcelona, donde el Bufete G. Pretus le proporcionó cerca de medio centenar de clientes(…)Pretus –un despacho relativamente pequeño y familiar fundado en Barcelona por Gabriel Pretus Becerra, ya jubilado, y actualmente en manos de sus hijos , son bien conocidos varios casos que acabaron con los clientes en los tribunales y condenados. Como el de Eugenio Mora, propietario de Burberry España, (…), tras un larguísimo proceso que se inició en noviembre del 2005 con la entrada y registro simultáneo en casa de los Mora y en Pretus. La Agencia Tributaria siempre tuvo claro que debía actuar contra el despacho. Gabriel Pretus Labayen y sus hermanos fueron condenados, aunque lograron la absolución para su padre (…)La entrada y registro de Pretus en el 2005 tuvo un efecto inmediato en las varias decenas de clientes del despacho. Con toda la documentación incautada, la Agencia Tributaria les podía hacer picadillo. (*)(…). Al menos se produjeron 30 casos que se retrataron ante el fisco, pagaron lo debido y empezaron de nuevo. Entre ellos se encontraba Hoteles Catalonia, de la familia Vallet. En el 2006, un informe de la Agencia Tributaria recogió todos estos casos, pero todos fueron archivados por la regularización efectuada (…) El despacho dio nombre, no por casualidad, a la operación Pretoria, el caso de corrupción urbanística que afectó hace unos años a políticos del PSC y Convergència (…) En este caso, cómo no, las sociedades exteriores claves en la trama, fueron creadas por Pretus. Una de ellas, Ard Choille,(+) radicada en Holanda, es la misma que utilizó en su día Oleguer Pujol Ferrusola para comprar las oficinas del Santander.( …).
 Vaya, me digo ¡qué casualidad!, ¿Sí? ¿Casualidad?

La entrada se está haciendo un poco larga y mi tiempo también se está acabando, así que prometo continuar mañana.


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4 de abril de 2017:
Tal como prometí ayer, continúo con el caso Pretoria y sus “particularidades”, las que le convierten en modelo. Modelo –aclaro – al menos para mí  que no se ha de seguir, ni permitir exista. Aunque, según la práctica real y cotidiana de este país y región (Comunidad) nos indican lo contrario.

Los abogados Pretus y sus historiales  en la prensa:
A continuación recojo y detallo, mediante el tantas veces método  por mí empleado del copio y pego, información publicada en relación a este bufete de abogados barcelonés. Resalto en negrita y subrayo fechas y nombres, a mí modesto entender,  significativos:

“Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas. (Agosto de 1999)

El FBI investiga a altos cargos del BBVA por presunto blanqueo dedinero procedente del narcotráfico en el que están implicados directivos de Puerto Rico, Gran Caimán, República Dominicana y Suiza. (El País 2002/ El Mundo 2002)
La «garganta profunda» del caso es el ex asesor legal del BBV en PuertoRico, Nelson Rodríguez, defensor de la integración de Puerto Rico en EEUU, que presumía de mantener excelentes relaciones con Bush padre y testigo protegido del FBI. (Los tentáculos de la Trama Vasca - Malaya, el clan Neguri y la Banca Privada )
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Mayo de 2000 En el marco de una investigación sobre las cuentas de laExpo´92 el juez Garzón ordena el registro de la sede de BBV Privanza. Aparece un Manual de Productos Fiduciarios supuestamente elaborado por Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en el último Gobierno de José María Aznar, en sustitución de Jiménez Reyna tras el escándalo de Gescartera. (El Confidencial)
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Abril 2002 El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero solicita al juez Baltasar Garzón que impute al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, por su presunta colaboración en la elaboración de un manual para ayudar a evadir impuestos a los clientes de BBV, lo que supone cooperación necesaria en delito fiscal, y por haber contribuido a rentabilizar fiscalmente las inversiones de BBV en el Banco Mercantil Probursa, de México. En el escrito se señala que fondos de este banco proceden del narcotráfico y, por ello, los hechos podrían constituir delito de blanqueo de capitales. El fiscal pide también la imputación de 28 consejeros o directivos del BBVA, entre los que figura su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri. (El País 2002)
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Noviembre 2005 :El juez Grande-Marlaska, que había asumido el caso tras la excedencia de Garzón, ordena el registro de varios despachos de abogados en diferentes localidades españolas. Entre ellos De Miguel & Asociados, Morgan & Morgan, de origen panameño, y Pretus, de Barcelona. Los dos últimos especializados en fiscalidad en paraísos fiscales. Los hermanos Gabriel y Francisco Javier Pretus resultaron imputados por el juez, que les impuso una fianza de 200.000 euros. (El Confidencial)
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Los abogados Pretus: Los abogados y hermanos Francisco Javier y Gabriel Pretus Labayen son los principales imputados en la causa en la que se investiga un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido por clientes del BBV Privanza Jersey y despachos jurídicos que les ayudaron a traer el dinero a España, ocultándolo a la Hacienda Pública, cuando el BBVA decidió cerrar la estructura que supuestamente permitía estas prácticas.Cinco empresas en las que participan los hermanos Pretus Labayen (Monte Verde Negócios e Investimentos, S.A., Vila Real Investimentos e Participaçoes, S. A., Rio Branco Investimentos e Participaçoes, S.A., Rio Claro Investimentos e Participaçoes, S. A. y Bela Vista Investimentos e Participaçoes, S.A.) deciden el mismo día -10 de junio de 2004- trasladar su domicilio social -el mismo para cuatro de ellas- de la calle Beethoven 11 de Barcelona al despacho 605 del Edificio Marina Forum 6.o en la Avenida Arriaga, 77 de Funchal, Madeira.
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“El bufete Mossack Fonseca, centro del escándalo desatado a raíz de la filtración de los llamados papeles de Panamá, construyó su fabuloso imperio global de asesoría legal tributaria gracias a una tupida red de contactos internacionales. Las ramificaciones de su actividad se pierden entre paraísos fiscales, centros financieros y la práctica totalidad de las capitales y de las principales ciudades europeas. También en Barcelona, donde el Bufete G. Pretus le proporcionó cerca de medio centenar de clientes que quisieron sacar partido de las tremendas ventajas fiscales que supone a las empresas tributar en el istmo centroamericano.De toda la operativa de Pretus –un despacho relativamente pequeño y familiar fundado en Barcelona por Gabriel Pretus Becerra, ya jubilado, y actualmente en manos de sus hijos,  son bien conocidos varios casos que acabaron con los clientes en los tribunales y condenados. (…)Pretus se vio envuelto en más escándalos. Económicos y políticos. El despacho dio nombre, no por casualidad, a la operación Pretoria, el caso de corrupción urbanística que afectó hace unos años a políticos del PSC y Convergència y que aún está pendiente de juicio. En este caso, cómo no, las sociedades exteriores claves en la trama, fueron creadas por Pretus. “(lavanguardia.com)2016


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"El caso (Carulla, los dueños de Agrolimen) se ha destapado a raíz de diversas investigaciones del bufete de abogados Pretus, que estuvo imputado en el caso BBVA Privanza. Estas investigaciones, iniciadas por la Audiencia Nacional, también fueron el embrión del caso de corrupción urbanística Pretoria, destapado hace un año. En el seguimiento de los negocios de Petrus se habrían identificado las presuntas irregularidades llevadas a cabo por los dueños de Agrolimen." (expansión.com,15.12.2010,Cataluña "La Audiencia Nacional investiga a los Carulla por un presunto fraude fiscal")
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"BBVA Privanza como precedente. La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey."
"Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".

"La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo'92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas."
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"La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa(…)El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, … se enfrenta a una petición de 48 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72 millones de euros. Y el heredero, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión. (…) la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando, en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones .Lo sorprendente es que este hecho ya fue denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el banquillo a los principales representantes de la familia Carceller. En el caso por delito fiscal y blanqueo de capitales contra los Carceller, en el que también están acusados el hombre de confianza de la familia, José Luis Serrano Flórez, y el asesor fiscal radicado en Londres Gabriel Pretus Labayen –y que fue instruido primero por el juez Baltasar Garzón y, posteriormente, por su sucesor Pablo Ruz–, se acusa a Demetrio Carceller padre de haber simulado que residía en Portugal y Reino Unido para evitar sus obligaciones fiscales en España hasta alcanzar los citados 72 millones de euros.La figura de Pretus Labayen emerge como una pieza clave porque los Carceller no son sus primeros clientes multimillonarios que se enfrentan a la persecución del fisco por haber simulado que residían fuera de España por consejo de este asesor fiscal. El empresario catalán Eugenio Mora, antiguo propietario de la marca Burberry's en España(…)también nació el 'caso Pretoria', de corrupción urbanística en Cataluña, y que mantiene imputados a los exhombres fuertes de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y a los exdirigentes del PSC Bartomeu Muñoz y Luis García Sáenz.(…) Anticorrupción no habría necesitado esperar al informe de Deloitte para conocer las acusaciones de falsear las cuentas que pesan contra los Carceller. Hace un año, concretamente el 19 de octubre de 2012, un concesionario de Disa presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña en la que acusaba a la petrolera precisamente de falsear sus cuentas.(…) Sorprendentemente, y a pesar de que eran públicas las diligencias que seguía el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contra los Carceller, apenas 10 días después de la interposición de la denuncia, el 28 de octubre de 2012, el fiscal Ricardo Sanz-Gadea adoptó un acuerdo por el que archivaba las diligencias informativas abiertas a instancias de los denunciantes porque consideraba que en los hechos relatados "no se aprecian los elementos típicos del delito contra el mercado" ni que el falseamiento de las cuentas "causen perjuicio económico a un tercero". No consta que en momento alguno se informara de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción...
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Durante años, el despacho Pretus pasaba por ser uno de los más reputados de Barcelona en asesoría fiscal. Gabriel Pretus Becerra, ya jubilado, y sus tres hijos - ofrecían servicios estrella a sus clientes para evitar pagar impuestos, aunque fuera a través de paraísos fiscales. Todo este entramado se ha ido al traste.   Una operación policial en 2005 ordenada por el entonces juez Baltasar Garzón, sobre los clientes del BBV Privanza Jersey, puso al descubierto los tejemanejes del despacho Patrus de Barcelona. Los agentes se llevaron de sus oficinas la información suficiente para que, uno tras otros, sus clientes más destacados fueran cayendo en manos de la Agencia Tributaria. El abogado Gabriel Pretus Labayen deberá hacer frente al pago de diez millones de euros para eludir sus responsabilidades penales en el llamando caso Carceller, (…)

-Caso Papeles de Panamá… el despacho Pretus puso en contacto a más de una decena de empresarios españoles con Mossack Fonseca, tal como se desprende de los papeles de Panamá, (…)
-Caso Agrolimen  :La familia Carulla estuvo acusada de canalizar inversiones en paraísos fiscales, a través del despacho Pretus, por un importe que superó los 160 millones de euros...
-Caso RCD Español :En 2010, el entonces presidente del RCD Español, Daniel Sánchez Llibre, fue imputado por el juez Baltasar Gazón por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionado con el traspaso del centrocampista Sergio González al Deportivo de la Coruña. Los investigadores acusaron al despacho Pretus de endosar facturas falsas al club blanquiazul por un importe de 300.000 euros. El Español regularizó su situación fiscal.
Caso Burberrys:Eugenio Mora, ex propietario de Burberry España, protagonizó en 2007 la mayor regularización fiscal realizada en España por un particular al abonar 27 millones de euros. Mora simuló tener residencia fiscal en Londres. Además, Pretus le preparó una estructura societaria para eludir impuestos.  

-          Caso Pretoria  : En 2009, la operación Pretoria, llamada de esta guisa precisamente por su relación con el despacho Pretus, acabó con cuatro célebres figuras políticas entre rejas: los convergentes Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que fueron piezas clave en los gobiernos de Jordi Pujol; y los socialistas Luis 'Luigi' García, exdiputado del PSC, y Bartomeu Muñoz, entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet…Pretus intervino en la recalificación de los terrenos de Santa Coloma de Gramenet donde se levantó el complejo Cubics.  (…)A raíz de la operación Privanza, una treintena de clientes de Pretus optaron por regularizar su situación fiscal. Una de ellos era Hoteles Catalonia. En estos momentos, al frente del Bufete G. Pretus se encuentra únicamente Fracisco Pretus Labayen, abogado, sin relación con los anteriores casos. Su padre y sus hermanos se han desvinculado de la firma, que tiene sus oficinas precisamente delante del Colegio de Abogados de Barcelona.

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(*)Tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel, y como fiscal a Ana Cuenca Ruiz.
(**) Emparentado políticamente(Cuñado )con Pío García Escudero.





jueves, 19 de febrero de 2015

La doble imagen de los socialistas en el poder(Amnistía fiscal encubierta)

Así avisó por carta Hacienda a los españoles de la 'lista Falciani' en 2010 



Copio y pego párrafo de la información facilitada por cincodias.com, por entenderlo muy significativo y, principalmente, esclarecedor, porque evidencia la doblez practicada, en el inmediato pasado de este país por los que entonces lo gobernaban, es decir, los socialistas del PSOE, al frente de  cuyo Ministerio de Economía y Hacienda estaba Helena Salgado.(*)





"El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió el 24 de mayo de 2010 el listado de contribuyentes españoles con cuentas opacas en la filial suiza de HSBC a través de las autoridades francesas que, a su vez, lo obtuvieron directamente de Hervé Falciani, el informático y empleado de la entidad financiera que sustrajo los datos de miles de clientes de todo el mundo con cuentas numeradas. Con los nombres encima de la mesa, Hacienda rechazó en un primer momento abrir una inspección o comprobación tributaria y, en su lugar, recurrió a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. La diferencia es muy importante. En el caso de la apertura de una inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. En cambio, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y pexresentaban una declaración complementaria completa y veraz. Así lo hizo, por ejemplo, el que fuera presidente del Banco Santander hasta su fallecimiento en septiembre del año pasado, Emilio Botín."


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(*) Selecciono y comparto algunos de los para mí más interesantes datos biográficos de Salgado, tomados de Wikipedia:
Nombrada ministra de Sanidad y Consumo por José Luis Rodríguez Zapatero. Su medida más significativa fue la ley antitabaco que entró en vigor en España el 1 de enero de 2006. Ese año aspiró, sin éxito, a presidir la Organización Mundial de la Salud, llegando a la última fase, con otros cuatro candidatos, en la que se eligió finalmente a Margaret Chan (8 de noviembre de 2006).
Elena Salgado fue ministra de Administraciones Públicas entre el 6 de julio de 2007 y el 9 de marzo de 2008. En las elecciones generales encabezó las listas del PSOE en Cantabria. El 12 de abril de 2008 fue confirmada de nuevo como ministra de Administraciones Públicas para la IX Legislatura. Sin embargo el 7 de abril de 2009, dentro de una profunda remodelación del Gobierno de España abandonó dicho ministerio para sustituir a Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía y Hacienda y como vicepresidenta segunda del Gobierno.[5]
El 12 de julio de 2011 pasó a ocupar también la vicepresidencia de Asuntos Económicos, puesto equivalente a la vicepresidencia primera que había decidido abandonar Alfredo Pérez Rubalcaba para preparar su candidatura a las elecciones generales.

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25 de febrero de 2015: Ayer tuvo lugar en el Congreso de los Diputados una sesión parlamentaria dedicada a debatir sobre el estado de la Nación.  Pienso que la intervención del actual secretario general de los socialistas, señor Pedro Sánchez, evidencia, una vez más, del digo y el diego de esta formación. Seguidamente, copio y pego información publicada por Expansión, en abril del 2009, cuando España alcanzó la cifra de 3.605.402 desempleados., con Zapatero como primer ministro y Solbes, el que vendió  oro español barato, como ministro de economía y hacienda.

"En marzo el desempleo aumentó en todas las áreas, especialmente en el maltratado sector servicios, 57.891 parados más (el 2,8%), seguido del colectivo sin empleo anterior, con 21.033 (el 10,3%); la industria, con 20.322 (el 4,3%); la construcción, con 16.613 (el 2,3%), y la agricultura, con 7.684 (el 8,9%).
El paro masculino aumenta un 88% en un año
El desempleo masculino ha aumentado en marzo un 3,7% -65.181 personas- hasta situar la cifra en 1.821.150, mientras que entre las mujeres la subida fue algo menor, en 58.362 (el 3,3%), hasta las 1.784.252. En un año, el desempleo masculino subió en 852.665 personas (el 88%) y el femenino lo hizo en 451.762 (el 33,9%).
El paro también afectó a los jóvenes menores de 25 años, con 20.837 nuevos desempleados en marzo (el 4,7% más) frente a a febrero y con 102.706 parados más en un año (un aumento del 3,3%). Además, el desempleo aumentó en todas las comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía, con 19.866 desocupados más, y Cataluña, con 18.865. El mes que acaba de finalizar se saldó con 1.061.112, lo que supone una disminución de 224.532 (el 17,4%) con respecto al mismo mes de 2008. De los contratos firmados en marzo, 121.228 eran indefinidos, cifra que representa el 11,4% del total."




12 de junio de 2017: Llevo un ratito leyendo la información publicada por cincodias.com en el 2010 cuando el gobierno de entonces, los socialistas presididos por Rodríguez Zapatero, recibida la lista de evasores conocida como Lista Falciani, que le había sido entregada por Francia, en lugar de perseguirlos decidió avisarles mediante carta. Para ampliar información al respecto me remito a los dos artículos publicados por el ya citado medio . Su lectura no tiene desperdicio. Yo me ceñiré a copiar aquellos párrafos para mi más significativos y que apoyan mis anteriores consideraciones:

Los dos artículos cuya lectura aconsejo son los siguientes:
Así avisó por carta Hacienda a los españoles de la ‘lista Falciani’ en 2010
Hacienda justificó su actuación para evitar que prescribiera el supuesto fraude
Los funcionarios de la Agencia Tributaria denunciaron un "trato de favor"
El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió el 24 de mayo de 2010 el listado de contribuyentes españoles con cuentas opacas en la filial suiza de HSBC a través de las autoridades francesas que, a su vez, lo obtuvieron directamente de Hervé Falciani, el informático y empleado de la entidad financiera que sustrajo los datos de miles de clientes de todo el mundo con cuentas numeradas. Con los nombres encima de la mesa, Hacienda rechazó en un primer momento abrir una inspección o comprobación tributaria y, en su lugar, recurrió a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. La diferencia es muy importante. En el caso de la apertura de una inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. En cambio, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria completa y veraz. Así lo hizo, por ejemplo, el que fuera presidente del Banco Santander hasta su fallecimiento en septiembre del año pasado, Emilio Botín.

El Partido Popular, entonces en la oposición, defendió que la actuación de la Agencia Tributaria suponía una suerte de amnistía fiscal encubierta. Los responsables de Hacienda en 2010, la ministra Elena Salgado, el secretario de Estado del ramo Carlos Ocaña y el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, señalaron que optaron por abrir un proceso de gestión tributaria y no de inspección ante la urgencia de evitar la prescripción. La lista Falciani, cuyos nombres están ahora apareciendo en El Confidencial y La Sexta por un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contenía información sobre cuentas en la filial suiza de HSBC en 2005 y 2006. Los datos llegaron a las manos del Gobierno en mayo de 2010 y el 30 de junio de ese mismo año prescribía el ejercicio 2005 a efectos del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio.
Si en la lista Falciani aparecen, según los datos publicados por El Confidencial y La Sexta, 2.694 contribuyentes españoles o relacionados con España, ¿por qué Hacienda sólo remitió 659 notificaciones? El Ejecutivo de Zapatero señaló que hizo una labor de “depuración” porque no toda la información era completa y útil.
Un argumento que para Francisco de la Torre, en ese momento secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos? no se sostiene. Recuerda que el inicio de un proceso de inspección interrumpe la prescripción y era la actuación lógica ante un caso semejante. Otro de los motivos que esgrimieron los responsables de Hacienda era que la información que había llegado hasta sus manos era de poca calidad, en algunos casos incompleta y podría carecer de suficiente eficacia probatoria ante un procedimiento penal. Además, entendían que la invitación a regularizar la situación era el mejor mecanismo para convertir en ingresos fiscales el chivatazo. Tras las declaraciones complementarias se iniciaron los procedimientos sancionadores, que podían alcanzar hasta el 150% sobre la cuota defraudada, aunque la organización de inspectores denunció que la sanción solo se aplicaba sobre los rendimientos y no sobre el principal.
Además, con la legislación vigente en 2010, si el contribuyente demostraba que el dinero se sacó de España en un ejercicio ya prescrito, no cabía imputar los recursos evadidos como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. A fecha de junio de 2011, últimos datos oficiales facilitados por la Administración, se habían cerrado sanciones a 349 contribuyentes por un importe de sólo siete millones de euros. El proceso de regularización voluntaria permitió recaudar unos 260 millones. Ese fue el dinero que ingresó Hacienda por las declaraciones complementarias y que, en caso de ser veraces y completas, cerraban la puerta a condenas por delito fiscal. Hacienda también informó en 2011 que, tras el requerimiento remitido en junio, el caso había derivado en la apertura de 527 inspecciones a contribuyentes que no habían respondido a la notificación de la Agencia Tributaria o que su declaración complementaria presentaba lagunas.




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Este blog es el medio de expresar mis particulares reflexiones e ideas sobre la realidad que me rodea, así como las sugeridas por la lectura de libros y artículos de prensa. No es crítica literaria, no tengo conocimientos para ello. Expongo , tras muchos esfuerzos, lo que mi corazón me dicta. No es mi intención la de ofender ni herir a nadie. Tampoco, pues, me gustaría ser objeto de heridas u ofensas por discrepar con mis particulares opiniones y gustos.