viernes, 18 de marzo de 2011

Caso Palau, la responsabilidad de la Administració...

Seguramente parecerá que incido mucho sobre la responsabilidad de la administración pública, pero sus integrantes son los que gestionan y mandan sobre los recursos públicos, “los dineros de todos”. Su legitimidad dimana del común razonamiento de que las leyes y la justicia están a favor y para defender al que obra bien y para temor y castigo del que hace mal. Me pregunto, pues, si esto es  lo que ocurre en Cataluña, y por extensión en España. Yo, particularmente, siento que no. Más adelante lo ilustraré mediante ejemplos sacados de los periódicos, a disposición de todos los que, como yo, quieran conocerlos. En este sentido, recomendaría a los de Hacienda trazaran sus planes anuales de inspección, luego de echar un vistazo a la prensa diaria. Allí, seguro, encontrarán los indicios necesarios (antes le llamábamos “signos externos”)  para hacer su labor fiscalizadora más eficaz, más justa y principalmente para aumentar la recaudación.

Pero dejo ya mis disquisiciones personales y me centro en la cuestión para mí de fondo y principal que es la necesaria distinción entre lo público (de todos)  y lo privado (de unos cuantos), porque son mayores, “más graves”, la consideración de  las irregularidades cometidas con lo público que con lo privado, así como las responsabilidades a exigir.  Distinción indispensable  para analizar  , calibrar e identificar a los muchos autores, que sin duda hay en este asunto del Palau. Presente, pues, esta distinción, las anomalías ahora manifestadas por la Intervención General de la Consellería de Economía I Finances de la Generalitat de Cataluña, en su actual inspección de las cuentas del "Consorci Palau de la Música"(*), ente público, administración autonómica, hay que diferenciarlas de las evidenciadas por las auditorías realizadas por Deloitte, sobre los respectivos estados contables de la "Fundación Palau de la Música Orfeó Catalá", y de la "Asociación Orfeó Catalá", ambas entidades privadas.

Hago esta aclaración, porque las múltiples fechorías cometidas por  la banda, liderada por Millet y su lugarteniente visible Montull,  amparada tras la pantalla de impunidad que le brindaban las tres renombradas entidades, son similares, ( fraudes, desvío de fondos, pagos en negro, falsedad en documentación mercantil, etc.) . No obstante, las realizadas a través del ente público, Consorci, son consideradas malversación de fondos públicos(o sea, de todos); y, `por consiguiente,  su trascendencia es más grave y, consecuentemente,  mayor habría de ser el castigo. Sin embargo, dudo si, finalmente, alguien recibirá el merecido castigo, es decir,   todos los que se embolsaron los dineros públicos, junto a los que dejaron que se los embolsaran. Todos y cada uno de ellos en justa y proporcionada parte.Probablemente,ninguno.Nadie.
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(*) Consorci participado, según datos registro IGAE, por la Generalitat , ( 45%), Ayuntamiento Barcelona y Ministerio de Cultura, ( 27,50% cada uno).
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11 de febrero de 2014: He rescatado, tal vez más apropiado decir, “resucitado” este comentario realizado en diciembre del 2009, acerca de las responsabilidades de la administración pública en el expolio del Palau. Entonces  intuía que éstas,las responsabilidades,  al final, quedarían liberadas. Al presente, la intuición parece cumplirse, según información leída y de la que reproduzco, a continuación, algunos de los párrafos más significativos del artículo publicado por El Triangle, titulado” Los 'tentáculos' de Convergència en el caso Palau “. Aconsejo su lectura íntegra.
El escrito que la acusación particular que representa la Fundación del Palau de la Música entregó al juez que investiga el expolio del orfeón catalán ha provocado sorpresa por la exclusión de cualquier exigencia de responsabilidad sobre Convergencia Democràtica de Catalunya, como han hecho el resto de las partes en el caso. Incluso el propio magistrado, Josep María Pijuan, ha señalado a CDC en su auto de incoación
“Según El Periódico, Carulla ha mostrado su malestar con la decisión de los abogados que llevan la causa en nombre del Palau de la Música por exonerar en su escrito a CDC y Ferrovial, la constructora a la que el auto de procesamiento del juez acusa de pagar al orfeón comisiones del 4% sobre el montante de los contratos que el Govern ofrecía a la constructora. De ese porcentaje, la mayor parte se la habría quedado CiU –el 3,5%- mientras que el resto –el 0,5%- se lo embolsaban Millet y Montull.”
Curiosamente, la acusación del Palau de la Música está dirigida por los abogados de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), que a principios de 2011 fichó a Joaquim Triadú, ex consejero de presidencia en uno de los últimos gobiernos de Jordi Pujol e histórico militante de Convergencia, para dirigir su departamento de derecho público y urbanístico.


El fichaje de Triadú por PWC coincidió con la llegada de CiU al Govern de la Generalitat, tras la etapa del tripartit, y desde entonces la consultora ha firmado suculentos contratos con la administración catalana. Según el anuario MediaCat, en los primeros meses de 2011 PriceWaterhouseCoopers obtuvo una decena de contratos por un valor superior al millón y medio de euros.”



5 de diciembre de 2017: Acabo de efectuar una serie de rectificaciones en el texto del comentario inicial, año 2009, que entiendo hacen su lectura más clara. De paso aprovecho para señalar “la suerte”, llamémosla así, de todos estos personajes, muchos y diversos, cuyo mal hacer reiterado y consabido en la gestión y administración de la insigne institución del Palau de la Música Catalana, puede, casi seguro, se irán como particularmente yo como muchos nos temíamos, de rositas. ¡Qué casualidad que el año que por fin se juzga este asunto, cuando llegue la sentencia– que supongo llegará antes de finalizar 2017- los fallos( justos o arbitrarios) pasen desapercibidos, pues nuestra atención y delirios están del todo absorbidos por la deriva independentista ¡ ¿Casualidad?


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Caso Palau, siempre los mismos...

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viernes, 11 de marzo de 2011

11 de marzo de 2004

Enlazo con http://11demarzo.bitacoras.com/marzo2004/, en donde se pueden ver las distintas portadas de periódicos, nacionales y extranjeros, en los días 11,12,13,14 y 15 de marzo del 2004 y, de este modo, recordar aquellos sangrientos sucesos que sacudieron a España y al mundo, pero,  principalmente recordar a sus víctimas, para exigir a nuestros dirigentes su atención y, asimismo, el esclarecimiento total de estos hechos y de sus autores, cosa que, según   indicios firmes inducen a pensar que no todo fue cómo se nos dijo. ¡La verdad nos hará libre!

viernes, 4 de marzo de 2011

De la corrupción institucional

silvialeyendo: Doña Bárbara - Corrupción institucional

Doña Bárbara - Corrupción institucional


Leyendo a “Doña Bárbara”, he podido contrastar ciertas universales prácticas por parte de los poderosos de cualquier época y lugar del mundo, tales como sus componendas y chanchullos para burlar las leyes, o su avaricia desmedida. Pero, lo peor de todo, es comprobar la sumisión de las instituciones y autoridades a estos poderosos, a cuyo servicio y consecución de intereses particulares viciosamente se inclinan.

Empezaré comentando  las leyes “ad hoc” (*); pienso que con este latinajo lo que se quiere decir, en términos que todos entendamos, es que están hechas a la medida, o al gusto, de los intereses de alguien en particular. En el caso de la novela, en el Capítulo XII, “Algún día será verdad”, página 110, se cuenta cómo la doña había logrado que una ley importantísima para aquella comunidad, es decir, el Llano venezolano, fuera conocida como “Ley de doña Bárbara. Porque dicen que ella pagó para que se la hicieran a la medida”. Con lo cual se ve que es costumbre generalizada y antigua de los poderosos pervertir y corromper a su antojo, incluso al más alto nivel institucional, es decir, legisladores y jueces, para y sólo su único y particular interés.

Sigo por la prevaricación. “Mujiquita” y Ño Pernaletes”, son los nombres de dos de los personajes que aparecen en la novela. Dos prevaricadores a través de cuyos tejemanejes se nos describen los efectos de una extendida y permanente corrupción dentro de los que ostentan y representan al poder e instituciones civiles y judiciales, con su correspondiente corolario de iniquidades e injusticias, múltiples y variadas, siempre a favor del fuerte, poderoso y rico y en contra del débil, del pobre y del necesitado. Resoluciones anti natura, dictadas en contra del sentido común, acompañadas de las lecturas e interpretaciones sesgadas de la ley a conveniencia del mandamás o cacique de turno, a cuyos intereses y arbitrariedades están subordinados en sumisa e incondicional servidumbre. La descripción que el autor venezolano hace de estos tipos y de sus inmoralidades, merecen elogio. Con qué maestría se describe la bajeza de Mujiquita, un juez sumiso, colocado a dedo, quien, a sabiendas de lo que hace y del perjuicio o fraude que con sus sentencias infringe o puede infringir, el muy cínico, no vacila en fallar las más injustas y escandalosas. (pág. 262 y 263)



Creo que aquí y ahora, España 2007, podría dar múltiples ejemplos.

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(*) Para esto, adecuado a esto.




26 de diciembre de 2017: Particularmente me asombra la decisión del juez de la Mata de reducir de 3 a medio millón la fianza impuesta al mayor de los Pujol para salir de la prisión provisional en la que se halla desde abril de este año, coincidiendo además el conocimiento público de esta decisión con la publicación del auto el mismo día de la celebración de las elecciones autonómicas catalanas convocadas tras la declaración unilateral de independencia por unos asilvestrados gobernantes catalanes y la consiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución Española para restituir el orden establecido a dicha Comunidad . ¿Casualidad?¿Causalidad?

jueves, 3 de marzo de 2011

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Este blog es el medio de expresar mis particulares reflexiones e ideas sobre la realidad que me rodea, así como las sugeridas por la lectura de libros y artículos de prensa. No es crítica literaria, no tengo conocimientos para ello. Expongo , tras muchos esfuerzos, lo que mi corazón me dicta. No es mi intención la de ofender ni herir a nadie. Tampoco, pues, me gustaría ser objeto de heridas u ofensas por discrepar con mis particulares opiniones y gustos.