Seguramente
parecerá que incido mucho sobre la responsabilidad
de la administración pública, pero sus integrantes son los que gestionan
y mandan sobre los recursos públicos, “los dineros de todos”. Su
legitimidad dimana del común razonamiento de que las leyes y la justicia están a favor y para defender al que obra
bien y para temor y castigo del que hace mal. Me pregunto, pues, si esto es
lo que ocurre en Cataluña, y por
extensión en España. Yo, particularmente, siento que no. Más adelante lo
ilustraré mediante ejemplos sacados de los periódicos, a disposición de todos
los que, como yo, quieran conocerlos. En este sentido, recomendaría a los de
Hacienda trazaran sus planes anuales de inspección, luego de echar un
vistazo a la prensa diaria. Allí, seguro, encontrarán los indicios necesarios
(antes le llamábamos “signos externos”) para hacer su labor fiscalizadora más
eficaz, más justa y principalmente para aumentar la recaudación.
Pero dejo
ya mis disquisiciones personales y me centro en la cuestión para mí de fondo
y principal que es la necesaria distinción entre lo público (de todos) y lo privado (de unos cuantos), porque
son mayores, “más graves”, la consideración de las irregularidades cometidas con lo público que con lo
privado, así como las responsabilidades a exigir. Distinción indispensable
para analizar , calibrar e identificar a los muchos autores,
que sin duda hay en este asunto del Palau. Presente, pues, esta distinción,
las anomalías ahora manifestadas por la Intervención General de la Consellería de Economía I
Finances de la Generalitat de Cataluña, en su actual inspección de las cuentas del "Consorci
Palau de la Música"(*), ente público, administración
autonómica, hay que diferenciarlas de las evidenciadas por las auditorías realizadas por Deloitte, sobre los respectivos estados
contables de la "Fundación Palau de la Música Orfeó Catalá",
y de la "Asociación Orfeó Catalá", ambas entidades
privadas.
Hago esta
aclaración, porque las múltiples fechorías cometidas por la banda, liderada por Millet y su
lugarteniente visible Montull, amparada tras la pantalla de impunidad que
le brindaban las tres renombradas entidades, son similares, ( fraudes,
desvío de fondos, pagos en negro, falsedad en documentación mercantil, etc.)
. No obstante, las realizadas a
través del ente público, Consorci, son consideradas malversación de fondos
públicos(o sea, de todos); y, `por consiguiente, su trascendencia es
más grave y, consecuentemente, mayor habría de ser el castigo. Sin
embargo, dudo si, finalmente, alguien recibirá el merecido castigo, es
decir, todos los que se embolsaron los dineros
públicos, junto a los
que dejaron que se los embolsaran. Todos y cada uno de ellos en
justa y proporcionada parte.Probablemente,ninguno.Nadie.
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(*)
Consorci participado, según datos registro IGAE, por la Generalitat , ( 45%), Ayuntamiento
Barcelona y Ministerio de Cultura, ( 27,50% cada uno).
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11 de febrero de 2014: He rescatado, tal vez más apropiado decir, “resucitado” este comentario realizado en diciembre del 2009, acerca de las responsabilidades de la administración pública en el expolio del Palau. Entonces intuía que éstas,las responsabilidades, al final, quedarían liberadas. Al presente, la intuición parece cumplirse, según información leída y de la que reproduzco, a continuación, algunos de los párrafos más significativos del artículo publicado por El Triangle, titulado” Los 'tentáculos' de Convergència en el caso Palau “. Aconsejo su lectura íntegra.
“El escrito que la acusación particular que representa la Fundación del Palau de la Música entregó al juez que investiga el expolio del orfeón catalán ha provocado sorpresa por la exclusión de cualquier exigencia de responsabilidad sobre Convergencia Democràtica de Catalunya, como han hecho el resto de las partes en el caso. Incluso el propio magistrado, Josep María Pijuan, ha señalado a CDC en su auto de incoación”
“Según El Periódico, Carulla ha mostrado su malestar con la decisión de los abogados que llevan la causa en nombre del Palau de la Música por exonerar en su escrito a CDC y Ferrovial, la constructora a la que el auto de procesamiento del juez acusa de pagar al orfeón comisiones del 4% sobre el montante de los contratos que el Govern ofrecía a la constructora. De ese porcentaje, la mayor parte se la habría quedado CiU –el 3,5%- mientras que el resto –el 0,5%- se lo embolsaban Millet y Montull.”
“Curiosamente, la acusación del Palau de la Música está dirigida por los abogados de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC), que a principios de 2011 fichó a Joaquim Triadú, ex consejero de presidencia en uno de los últimos gobiernos de Jordi Pujol e histórico militante de Convergencia, para dirigir su departamento de derecho público y urbanístico.
El fichaje de Triadú por PWC coincidió con la llegada de CiU al Govern de la Generalitat, tras la etapa del tripartit, y desde entonces la consultora ha firmado suculentos contratos con la administración catalana. Según el anuario MediaCat, en los primeros meses de 2011 PriceWaterhouseCoopers obtuvo una decena de contratos por un valor superior al millón y medio de euros.”
5 de diciembre de 2017: Acabo de efectuar una serie de
rectificaciones en el texto del comentario inicial, año 2009, que entiendo hacen
su lectura más clara. De paso aprovecho para señalar “la suerte”, llamémosla así,
de todos estos personajes, muchos y diversos, cuyo mal hacer reiterado y
consabido en la gestión y administración de la insigne institución del Palau de
la Música Catalana, puede, casi seguro, se irán como particularmente yo como
muchos nos temíamos, de rositas. ¡Qué casualidad que el año que por fin se
juzga este asunto, cuando llegue la sentencia– que supongo llegará antes de
finalizar 2017- los fallos( justos o arbitrarios) pasen desapercibidos, pues
nuestra atención y delirios están del todo absorbidos por la deriva independentista
¡ ¿Casualidad?
oooOOOooo
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