Hace unos años, en 2018, la entonces premier y líder del Partido Laborista, Theresa May, tuvo que someterse a una moción de confianza, porque no todos los parlamentarios del grupo conservador coincidían con la líder en cuanto al Brexit. Momentos, por cierto, muy críticos para aquella vieja nación.
Posteriormente,
a mediados del 2022, se supo la dimisión de Boris Johnson como líder del
partido conservador y su próximo cese como premier. Hubo unas sesenta dimisiones
entre los ejecutivos del gobierno británico como expresión de su descontento
con Johnson y sus contradicciones y mentiras.
Mientras
aquí, en España, pese a los innumerables “cambios de opinión”(léase mentiras
flagrantes y falsas promesas electorales de las que dan fe las hemerotecas),
unido a los numerosos casos de corrupción en el entorno familiar de Sánchez, y los
dos secretarios de organización del PSOE
, uno ya en la cárcel , es inimaginable en nuestra clase política y menos aún entre
los parlamentarios y los que ocupan carteras y puestos relevantes en la
Administración, tanto central como autonómica, de posturas similares a los británicos.
Porque para los de aquí la lealtad según entienden ellos, es para con los que
le han colocado bien en las listas o en el puesto, y no con el elector, y menos aún con su Patria.
¡Consecuentemente, un muy triste y desolador panorama!
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29 de mayo de 2026: Pese al descalabro del PSOE en Andalucía, la imputación de Rodríguez Zapatero, la caja fuerte repletita de joyas de considerable valor y origen dudoso, seguido por la entrada de la UCO en Ferraz, la sede de los socialistas para un registro de trece horas y en la Dirección General de la Guardia Civil, dimanantes ambas acciones de un auto del juez Pedraz, Sánchez y su gobierno siguen incólumes, aferrados a sus puestos y prebendas, y sin que, para mayor escándalo e indignación, su partido, es decir, el PSOE lo consienta. Pues ellos, el Partido Socialista Obrero y Español, es el primero que debería exigir responsabilidades y hasta dimisiones ante tamaño disloque. Pero, no es así, consecuentemente, se hace evidente que es menester cambios legislativos en la LEY ELECTORAL, y en las prerrogativas del primer ministro en cuanto a la convocatoria de elecciones, acompañado de una revisión profunda de los cuadros que componen las distintas instituciones y organismos de control, que, como se ve, no han funcionado. Si no sirven eliminémoslos y ahorrémonos su costoso mantenimiento.
