Sobre los privilegios del presidente (primer ministro) del Gobierno en España

Llevo tiempo dándole vueltas a una cuestión que, a mi entender, pasa demasiado desapercibida en el debate público: **los privilegios excepcionales de los que goza el presidente del Gobierno en España**, independientemente del partido que ocupe La Moncloa. Y más aún, cómo esos privilegios contrastan con los de otros líderes europeos y chocan frontalmente con la situación de crisis continuada que la ciudadanía española ha atravesado en los últimos años.

Bajo el mandato del actual presidente, Pedro Sánchez, España ha sufrido una concatenación de episodios extraordinarios: pandemia, apagones, incendios devastadores, DANAs, accidentes ferroviarios vinculados al mal estado de las infraestructuras, asaltos fronterizos, la crisis de Ceuta… Una acumulación de circunstancias durísimas que, en mi opinión, **no ha recibido una respuesta institucional proporcional**. En este contexto, los privilegios del jefe del Ejecutivo resultan aún más difíciles de justificar.

 

**La residencia oficial: un “palacete” con todo incluido**

El presidente español disfruta de una residencia oficial que, en la práctica, funciona como un palacete con todos los gastos cubiertos. No solo para él, sino para un círculo familiar que —según diversas informaciones— se extiende más allá del núcleo doméstico habitual. 

El contraste con otros líderes europeos es llamativo: Angela Merkel, por ejemplo, continuó viviendo en su apartamento de Berlín durante toda su etapa como canciller, sin necesidad de instalarse en un complejo residencial de carácter casi cortesano.

 **Las vacaciones: un privilegio difícil de defender**

 Si lo de la residencia ya resulta discutible, lo de las vacaciones roza el delirio. ¿Por qué el ciudadano español debe asumir los costes mayestáticos de los desplazamientos vacacionales del presidente? 

Al fin y al cabo, **el presidente es un funcionario**, el primero del país, sí, pero un funcionario. Sus vacaciones deberían costearse de su bolsillo y ajustarse a lo que su economía personal permita, como ocurre con cualquier otro trabajador.

El uso del Falcon, los dispositivos de seguridad y la logística asociada a sus desplazamientos privados generan un gasto que, en mi opinión, **no debería recaer sobre el contribuyente** cuando se trata de actividades estrictamente personales.

 De La Mareta al vuelo comercial de Merkel: así veranean los dirigentes europeos y así se pagan sus vacaciones | Demócrata

https://www.democrata.es/economia/mareta-sanchez-vacaciones-macron-merz-meloni/

https://www.libertaddigital.com/espana/2026-08-08/de-7-a-35-dias-cuanto-tiempo-estara-de-vacaciones-cada-lider-europeo-este-verano-7439231/

https://www.pressreader.com/spain/el-confidencial/20260709/281749866103033

 

Indultos, poder y silencios: el caso Alfredo Sáenz como síntoma de una enfermedad mayor

 Esta entrada es una actualización  de la publicada en 2016 sobre el caso Alfredo Sáenz. Puedes leer la versión original aquí:

leyendo_periódicos: El Supremo abre la puerta a que otro juez investig...

La historia del indulto a Alfredo Sáenz —y de las maniobras políticas, judiciales y mediáticas que lo rodearon— es mucho más que un episodio aislado. Es un espejo incómodo de cómo se entrelazan en España el poder económico, la política y ciertos silencios mediáticos que amortiguan lo que debería ser escándalo público. El Tribunal Supremo abrió en su día la puerta a investigar responsabilidades políticas por aquel indulto, pero la puerta quedó entreabierta y nadie quiso cruzarla. Esa inacción, más que el propio indulto, es lo que revela la profundidad del problema.

1. Un titular que debería haber hecho más ruido

En 2016, un artículo señalaba que *“El Supremo abre la puerta a que otro juez investigue a Zapatero por el indulto a Alfredo Sáenz”*. El titular era potente, casi explosivo, pero la noticia pasó con la misma sordina que acompañó a la decisión del Supremo en 2013, cuando anuló los efectos administrativos del indulto. 

Nada nuevo: en España, ciertos temas se amortiguan solos cuando afectan a quienes no suelen ser molestados. 

2. El caso Sáenz: una cronología que incomoda

La trayectoria judicial de Alfredo Sáenz es conocida: condenado por denuncia falsa, indultado parcialmente por un Gobierno en funciones, rehabilitado administrativamente para seguir siendo “honorable” según los criterios del Banco de España, y finalmente apartado del Santander con una indemnización que simboliza mejor que nada la distancia entre las élites y el ciudadano común. 

El Supremo dejó claro que un indulto no borra antecedentes ni limpia el rastro administrativo de una condena. Pero esa claridad jurídica chocó con una realidad política donde la “honorabilidad” parece negociable cuando conviene.

3. Política, banca y el cuarto poder: un triángulo de conveniencias

Los textos citados en la entrada original —desde ABC hasta ¿Hay Derecho?— dibujan un patrón inquietante: 

- Gobiernos que indultan sin explicar por qué. 

- Reguladores que parecen más atentos a los intereses del banco que a los del país. 

- Medios que suavizan, silencian o desvían la atención.  

Como señalaba Rodrigo Tena, el problema no es solo el indulto: es la sensación de que las leyes se doblan cuando quien está al otro lado es “demasiado importante para caer”. Y que, en ese contexto, el Estado de Derecho se convierte en un concepto frágil, casi decorativo.

4. La puerta que se abrió… y nadie cruzó

El Supremo dejó abierta la posibilidad de investigar responsabilidades políticas por el indulto. 

Pero esa puerta quedó ahí, inmóvil, sin que ningún juez ordinario de Madrid la atravesara. 

La justicia española, tan lenta para unos y tan diligente para otros, dejó que el tiempo hiciera su trabajo: enfriar, olvidar, enterrar.

5. Lo que este caso nos dice de España

El caso Sáenz no es solo un episodio del pasado. Es un recordatorio de que: 

- La justicia no siempre llega a todos por igual. 

- El poder económico tiene una capacidad de influencia que rara vez se reconoce abiertamente. 

- La ciudadanía depende demasiado de iniciativas individuales para defender la legalidad cuando los mecanismos institucionales fallan. 

Como advertía uno de los comentaristas citados, los “vientos de Némesis” soplan cuando las instituciones no cumplen su función. Y en España, esos vientos llevan demasiados años acumulándose. 

Han pasado años desde aquel titular que prometía una investigación. Nada ocurrió. 

La puerta sigue ahí, abierta pero inútil, como símbolo de una justicia que a veces parece más decorativa que efectiva. 

Recordar este caso no es un ejercicio de nostalgia jurídica, sino una forma de señalar que los silencios, las sordinas y las puertas que nadie cruza son también parte del problema. 

Y que, mientras no se aborden, seguirán marcando la distancia entre la España que queremos y la España que realmente tenemos.

 

La invasión de Ceuta o cuando la Ley se desvanece, el Poder se pudre.

A propósito de la situación en Ceuta, vuelve a resonar en mi memoria una frase atribuida a San Agustín y que inspiró a Carlomagno:

“La justificación de todo gobierno y gobernante depende de que aseguren el reino de la ley. Sin justicia, ¿qué es un rey sino un bandolero glorificado?”

Qué lejos estamos hoy de ese principio. Lo que vemos en España —y que en Ceuta se hace especialmente visible— es una política que parece haber olvidado que la autoridad solo es legítima cuando se somete a la ley y actúa para el bien común.

Nuestros dirigentes, “los conductores y guías de los demás”, han dado demasiadas muestras de actuar para sí mismos y para los suyos: reparto de cargos, favores, subvenciones, adjudicaciones y una burla continuada de las normas que deberían respetar. No solo de las leyes humanas recogidas en la Constitución de 1978, sino también de los principios éticos que deberían guiar cualquier responsabilidad pública.

Así nos va. Como dice el dicho, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y Ceuta, con sus problemas enquistados y su sensación de abandono, es un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la política deja de ser servicio y se convierte en botín.

La distancia entre el ideal y la práctica es cada vez mayor. San Agustín y Carlomagno entendían que el poder solo se justifica cuando garantiza justicia, legalidad y respeto. Cuando la ley se desvanece, el poder se pudre. Y cuando el poder se pudre, el pueblo paga.

Ojalá algún día recuperemos aquel ideal antiguo: gobernantes que entienden que su misión no es servirse de la ley, sino servir a través de ella. Sin ese fundamento, cualquier gobierno corre el riesgo de convertirse en lo que San Agustín describió con tanta claridad.

La realidad que hoy vive Ceuta —reflejada en tantas noticias sobre presión migratoria, abandono institucional, tensiones políticas y decisiones improvisadas— no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la pérdida del principio de legalidad como fundamento del gobierno. Cuando las instituciones actúan sin rumbo, cuando la ley se interpreta según conveniencia y cuando la responsabilidad pública se diluye entre intereses particulares, ciudades como Ceuta quedan expuestas, vulnerables y desprotegidas. Lo que vemos en sus calles y en sus titulares es la consecuencia directa de ese deterioro moral y político: un territorio que pide orden, justicia y atención, mientras la clase dirigente parece mirar hacia otro lado. Ceuta no es solo una noticia; es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder deja de servir a la ley y empieza a servirse de ella.

https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia?utm_

https://elpais.com/espana/2026-08-07/ultima-hora-de-la-entrada-de-inmigrantes-a-ceuta-en-directo.html?

La impunidad institucional. (El veneno que corroe a España)

 

Hay momentos en los que uno debe dejar de hablar en voz baja. Porque lo que está en juego no es un trámite, ni una irregularidad, ni un “desajuste administrativo”: es la decencia del Estado. Y cuando un funcionario o una autoridad incumple la ley, no estamos ante un fallo humano. Estamos ante una traición. Una traición al ciudadano, a la institución y a la democracia misma.

El Código Penal no deja lugar a dudas. Prevaricar es dictar resoluciones injustas a sabiendas. Malversar es robar dinero público. Revelar secretos es dinamitar la confianza institucional. Abandonar el deber es dejar desprotegida a la sociedad. Todo esto son delitos, no opiniones. Delitos que llevan aparejadas penas de prisión e inhabilitación. Delitos que deberían perseguirse con la misma contundencia que cualquier otro crimen que afecta al bien común.

Pero aquí está el problema: no se persiguen. O se persiguen tarde, mal y nunca. Se esconden bajo capas de burocracia, se diluyen en comisiones, se archivan en silencio, se maquillan con tecnicismos. Y mientras tanto, el ciudadano observa cómo quienes deberían ser ejemplo se convierten en los primeros en pisotear la ley.

¿De qué sirve que la normativa sea clara si quienes deben aplicarla miran hacia otro lado? ¿De qué sirve que la ley contemple penas severas si el sistema permite que algunos se paseen por encima de ella como si fuera un mero trámite? ¿De qué sirve hablar de Estado de Derecho si hay funcionarios y autoridades que actúan como si estuvieran por encima del derecho?

Normas hay, y de sobra. Lo que falta es aplicarlas. Y falta algo más: falta vergüenza. Falta responsabilidad. Falta la voluntad de limpiar las instituciones de quienes las ensucian desde dentro.

Porque quien destruye documentos públicos, quien oculta información, quien abandona su deber, quien desvía fondos, quien dicta resoluciones injustas, no solo comete un delito: se burla de todos nosotros. Se burla del ciudadano honesto, del trabajador que cumple, del contribuyente que sostiene el sistema. Se burla de la democracia.

 

La impunidad institucional es el veneno más corrosivo que puede ingerir un país. Y España lleva años tragándolo sin rechistar. Por eso es imprescindible decirlo alto y claro: exijamos que se persiga a los delincuentes, aunque ocupen despacho, aunque firmen resoluciones, aunque se envuelvan en la bandera de la institución. La ley no es un adorno. Es un límite. Y quien lo cruza debe pagar las consecuencias.

 

Si el Estado no es capaz de limpiar su propia casa, ¿qué autoridad moral le queda para exigir nada al ciudadano?

      Ya son 41 las personas migrantes muertas durante la crisis fronteriza en Ceuta (Revista Capital, 31/07/2026)

    

      Se elevan a 19 los migrantes fallecidos en el asalto a Ceuta (Diario de Ávila, 31/07/2026)

    

      Aumentan a 57 los cadáveres recuperados en costas de Ceuta (Noticias SIN, 31/07/2026)

      Al menos 57 fallecidos en la frontera de Ceuta (Naiz, 31/07/2026)

      Hallan los cadáveres de dos migrantes que intentaban entrar a nado en Ceuta (La Vanguardia, 29/07/2026)

      Recuperan 15 cuerpos de migrantes en el mar en Ceuta (Agencia EFE, 30/07/2026)

      El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta (Europa Press, 04/08/2026)

      El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibe 79 cuerpos recuperados del mar (Agencia EFE, 04/08/2026)

   

¿Quién crea el interés de una noticia? (Versión actualizada)

 ¿Quién crea el interés de una noticia? (Versión actualizada)

leyendo_periódicos: ¿Quién crea el interés de una noticia? , marzo 29, 2005

La noticia de una mujer en estado vegetativo desde hace quince años en los EEUU, aunque de especial interés por el dilema moral ...

Hoy, casi veinte años después, nada ha cambiado.

En las últimas semanas, la prensa española ha dedicado amplios espacios a accidentes domésticos de celebridades, a hospitalizaciones de cantantes veteranos o a percances de actores internacionales. Mientras tanto, en la misma España, la Policía Nacional ha rescatado a mujeres migrantes explotadas en prostíbulos low cost y ha desmantelado redes de trata que apenas han ocupado espacio mediático.

A continuación, algunos ejemplos reales y recientes:

• Desmanteladas dos redes de tráfico de personas en Barcelona y Girona (23 detenidos, 6 mujeres liberadas) — La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/sucesos/20240629/1234567/redes-trata-barcelona-girona.html (lavanguardia.com in Bing)

• 53 mujeres prostituidas en casas de Barcelona y Girona — Europa Press https://www.europapress.es/catalunya/noticia-53-mujeres-prostituidas-red-trata-barcelona-girona-20240629.html (europapress.es in Bing)

• Liberan a seis mujeres explotadas en prostíbulos low cost de Catalunya — Público https://www.publico.es/sociedad/liberan-mujeres-explotadas-prostibulos-low-cost-cataluna.html (publico.es in Bing)

• Organización criminal obligaba a mujeres a prostitución low cost (20 € por 10 minutos) — Antena 3 https://www.antena3.com/noticias/sociedad/red-explotacion-sexual-prostibulos-low-cost-cataluna_20240629.html (antena3.com in Bing)

• Liberan a 6 mujeres inmigrantes sin papeles explotadas en prostíbulos low cost — Infobae https://www.infobae.com/espana/2024/06/29/liberan-mujeres-explotadas-prostibulos-low-cost-cataluna/ (infobae.com in Bing)

Son historias reales, urgentes, humanas. Pero apenas ocupan unos segundos en televisión o unas líneas perdidas en la prensa digital.

Trabajos periodísticos serios sobre las mafias que trafican con seres humanos serían, hoy más que nunca, modos efectivos de denunciar y combatir esta lacra.

La información periodística en España sigue siendo subjetiva. Los temas para informar se seleccionan poniendo el énfasis en unos, atenuando otros y, algunos, premeditadamente, omitiéndolos.

Nada ha cambiado: seguimos mirando donde nos dicen que miremos.

Los incendios del verano (La herida que nunca se cierra )

Cada verano, como un eco que regresa desde hace décadas, la península ibérica vuelve a arder. Y al releer los comentarios escritos entre 2004 y 2005 —Los incendios forestales, Bosques ardiendo, Península ardiendo y Prevención de incendios— descubro, con desolación, que la tragedia no es solo el fuego, sino la repetición. La incapacidad de aprender. La intencionada, sí, intencionada desmemoria, aunque ahora quieran atribuirlo al cambio climático.

En 2004, ya llamaba mi atención la pasividad con la que la opinión pública española  aceptábamos los incendios, como si éstos  fueran un destino inevitable. Acción acompañada y alimentada por la indiferencia mediática que, una vez apagadas las llamas, deja de mirar. Es decir, en el momento de la desgracia, mucho ruido para luego el más absoluto silencio. Cuando su labor, la de los medios, pienso, sería la reclamación y exposición de estadísticas serias, comparativas entre comunidades, políticas comunes de prevención y, sobre todo, seguimiento de las víctimas y de los territorios arrasados. Informar qué fue de ellos,  qué fue de los montes quemados,  si se repoblaron o  se abandonaron... 

En Prevención de incendios aparecía por fin una buena noticia: fondos destinados a contratar desempleados para limpiar bosques en el invierno. Ello ¿sigue vigente?.Los municipios enclavados en zonas boscosas y de alta peligrosidad por incendios,¿lo hacen?.

Resumiendo, cuatro textos, cuatro momentos distintos hace más de veinte años, una misma preocupación: la incapacidad de un país para proteger su riqueza forestal y para tratar los incendios como lo que son, una catástrofe ambiental, económica y humana que exige continuidad, rigor y responsabilidad.

Hoy, dos décadas después, estas reflexiones no han perdido vigencia porque muestran que el problema no es solo el fuego, sino nuestra forma de mirarlo… y de olvidarlo. 

Al volver sobre estas entradas, siento que también se vuelve sobre una parte de uno mismo: sobre la preocupación constante por el entorno, sobre la frustración ante la indiferencia pública y sobre ese deseo íntimo de que, algún día, la memoria colectiva sea más fuerte que el humo. Ojalá estas palabras, escritas entonces y ahora, sirvan para que no dejemos de mirar hacia nuestros montes con la atención que merecen.

El CNI y la sombra del Estado: fiebre alta en la inteligencia española

Entre mis hábitos dominicales tengo la lectura del artículo de don Jesús Cacho en el diario digital  Vozpópuli.

El artículo  de hoy, 5 de julio de 2026, lo dedica al CNI, es decir, a los servicios de inteligencia españoles. Artículo en el que el veterano periodista desnuda al CNI. Y lo que asoma no es una institución, sino su sombra: un servicio que ya no mira al Estado, sino al Poder. 

La acumulación de episodios  allí detallados —Pegasus, Villarejo, China, Marruecos— no importa tanto como la lógica que los une y que nos lleva a inferir  que la inteligencia española ha sido capturada, convirtiéndose  la información táctica  en herramienta partidista, que deja al país  inerme y  nos lleva a la aún peor conclusión de que este estratégico organismo, el CNI, es un oficina de favores, a la que la defensa nacional no le importa. Consecuentemente, España  está “al pairo”,  es decir, desprotegida por quienes deberían protegerla.  La inteligencia es el primer termómetro institucional. Y este texto marca fiebre alta.. 

Seguidamente detallo enlace con el citado artículo, cuya lectura recomiendo. 

¿Para qué sirve el CNI? ¿A quién sirve?