Traficando con personas: veinte años mirando a la frontera

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Crónica histórica de un fenómeno que nunca cesa

Desde 2005 hasta hoy, la frontera sur de Europa ha sido escenario de un tráfico humano que no disminuye, sino que se transforma. Las sirgas de acero, los muros, los sensores, los acuerdos diplomáticos, las mafias y los silencios mediáticos han tejido un entramado que convierte la migración en un negocio, una tragedia y una responsabilidad compartida. Esta entrada recoge veinte años de observación continuada: una memoria que permite ver lo que los titulares nunca muestran.

I. 2005: Las sirgas, los muros y el negocio del acero

En octubre de 2005, el ministro del Interior(Alonso del PSOE) compareció en el Congreso para explicar los nuevos proyectos en las fronteras de Ceuta y Melilla. Las medidas eran tan espectaculares como costosas:

• una tercera valla de cables trenzados de acero,
• sensores de movimiento, presencia e infrarrojos,
• elevación de las vallas existentes de tres a seis metros,
• un muro de contención en el acantilado de Aguadú.

El coste ascendía a miles de millones de pesetas. Y, sin embargo, ni una sola partida se destinaba a mejorar las condiciones de vida de quienes ya estaban allí, esperando, temiendo, sobreviviendo.

La pregunta era inevitable: ¿Por qué invertir tanto en tecnología experimental y tan poco en humanidad? Y otra más incómoda: ¿Quién ganaba realmente con estas obras?

II. 2014–2015: Una década después, el mismo drama

Diez años más tarde, Ceuta y Melilla seguían siendo noticia por idéntica razón: cientos de personas, casi todas subsaharianas, intentando cruzar la frontera tras un viaje que atraviesa el Sáhara, Marruecos y un sinfín de peligros.

La ruta era conocida. Los campamentos eran conocidos. Las mafias eran conocidas. Pero la intervención siempre llegaba al final del trayecto, nunca al principio.

Europa seguía elevando muros mientras el tráfico de personas prosperaba como un negocio internacional. Y la pregunta persistía: ¿Por qué se tolera un viaje tan largo, tan visible, tan rastreable?

III. 2018: El Aquarius y la violencia en la valla

En 2018, la llegada del Aquarius reabrió el debate migratorio en España. Las imágenes eran conmovedoras, pero las soluciones seguían ausentes. Ese mismo año, un salto especialmente violento en la valla de Ceuta volvió a mostrar la tensión entre la desesperación de quienes llegan y la incapacidad política para gestionar el fenómeno.

Europa continuaba sin un protocolo común para combatir las mafias, ni para proteger a quienes caen en sus redes.

IV. 2022: La BBC y la verdad incómoda del 24 de junio

El 24 de junio de 2022, unos dos mil migrantes intentaron cruzar la valla de Melilla. Hubo muertos. Hubo silencio. Y fue un medio extranjero, la BBC, quien reconstruyó lo ocurrido.

El reportaje reveló que los campamentos en las montañas de Marruecos eran conocidos, vigilados y, el día anterior al salto, desalojados violentamente. La ruta migratoria estaba perfectamente definida. Las relaciones diplomáticas influían en la respuesta policial. Y el periodismo español, una vez más, llegó tarde o no llegó.

La pregunta se hacía más urgente: ¿Qué pasa con nuestro periodismo de investigación?

V.2026: La avalancha de migrantes sobre Ceuta: una ciudad desbordada y sin relato oficial

Ceuta vive una presión inédita. La ciudad está invadida de facto por miles de personas cuya llegada nadie explica con datos reales. No hay cifras claras, no hay recuentos transparentes, no hay una narrativa institucional que permita entender qué ocurre. Las playas y montes se han convertido en espacios de supervivencia; los servicios públicos funcionan al límite; la policía y los sanitarios trabajan sin refuerzos suficientes; los vecinos conviven con una sensación creciente de abandono.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene un silencio administrativo que deja a la ciudad sin brújula. No hay comparecencias, no hay planes, no hay una estrategia visible. Ceuta parece atrapada en un desgobierno sostenido, donde la realidad se oculta tras comunicados vacíos y la responsabilidad se diluye entre administraciones.

La frontera sur de Europa, una vez más, es un territorio donde la verdad llega tarde o no llega.

 Veinte años después, la misma pregunta

Veinte años después, el tráfico de personas no ha disminuido: ha aumentado. Las imágenes de los telediarios muestran mayoritariamente hombres jóvenes, muchos de ellos adolescentes según nuestras leyes, pero adultos según las suyas. Muchos llegan fuertes, vigorosos, sin señales visibles del sufrimiento que se supone han soportado. Esto abre interrogantes sobre las rutas, las condiciones reales del viaje y el papel de las redes que los transportan.

Mientras tanto, en Cataluña —como en tantas regiones europeas— la presencia de comunidades marroquíes y pakistaníes es cada vez más visible en mercados, comercios y barrios. La migración ya no es solo frontera: es vida cotidiana. 

Desde 2005  la frontera sur ha sido un espejo incómodo. Las políticas cambian, los gobiernos cambian, las palabras cambian —“subsaharianos”, “migrantes”—, pero el fenómeno permanece.

Europa sigue sin una estrategia común. Marruecos recibe millones de euros cuyo destino real nadie aclara. Las mafias continúan enriqueciéndose. Y miles de personas siguen arriesgando la vida en un viaje que todos conocen y casi nadie quiere mirar de frente.

Veinte años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién se beneficia de que este tráfico humano continúe? 

Ceuta: el abandono como política

La invasión de Ceuta del pasado 30 de julio ha dejado al descubierto el olvido —o la renuncia— de dos premisas que deberían ser irrenunciables: “Ceuta es España, es Europa” y “nadie está por encima de la Ley”. Sin embargo, más de quince días después, la ciudad autónoma continúa sumida en un abandono que ya no es solo político, sino moral. Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo disfruta plácidamente de sus vacaciones, traje de baño y aguas atlánticas en La Mareta. Una estampa de dolce vita que contrasta de forma obscena con la realidad que vive Ceuta. 

Porque la realidad es otra, y es dura. Miles de migrantes deambulan sin control por la ciudad; decenas de cadáveres esperan identificación en morgues españolas y marroquíes; las playas se han convertido en campamentos improvisados; se multiplican las agresiones sexuales, la violencia, la insalubridad; los sanitarios trabajan al límite, exhaustos, clamando por refuerzos que no llegan. Ceuta es hoy un pequeño infierno para quienes la habitan y también para quienes han llegado en una travesía desesperada. Y frente a ese infierno, la respuesta del Gobierno de España es una ausencia: un silencio administrativo que se prolonga mientras el Consejo de Ministros —veintiuna carteras y un presidente— parece mirar hacia otro lado.

Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿De verdad, entre nuestras innumerables leyes, regulaciones, organismos de control y jurisprudencias, no existe ninguno capaz de perseguir y sancionar tanta desidia? ¿No hay una sola institución que considere intolerable que una parte del territorio español viva una crisis humanitaria y de seguridad sin una reacción proporcional del Estado?

La invasión de Ceuta no es solo un episodio fronterizo. Es un espejo que devuelve una imagen inquietante: la de un país que, en ocasiones, parece olvidar sus obligaciones más elementales. Y la de un Gobierno que, cuando la realidad se vuelve incómoda, opta por el silencio y la distancia. 

Ceuta: frontera, abandono y responsabilidad penal.

Ceuta, una ciudad desbordada y desamparada

Ceuta vive desde hace años en una tensión que no es solo fronteriza: es sanitaria, social, emocional y política. Los ceutíes —ciudadanos españoles y, por tanto, europeos— soportan una presión que ningún territorio debería asumir sin apoyo real del Estado. La saturación de los servicios sanitarios, la inseguridad creciente, la falta de recursos y la sensación de abandono han convertido la vida cotidiana en una prueba de resistencia.

Mientras se habla de “crisis humanitaria”, de “menores no acompañados” y de “situaciones inhumanas para los migrantes”, apenas se menciona que los ceutíes también sufren una crisis humanitaria, aunque nadie la llame así. Son ellos quienes ven cómo su sanidad se colapsa, cómo sus calles se desbordan, cómo sus instituciones se quedan sin capacidad de respuesta. Son ellos quienes viven en una frontera que se abre y se cierra según intereses ajenos, sin que nadie defienda su derecho básico a la protección.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está la defensa de los ceutíes? ¿Dónde está la protección que el Estado les debe?

Responsabilidad compartida: Marruecos y, sobre todo, España

La crisis de Ceuta no es un fenómeno natural: es el resultado directo de decisiones políticas. Marruecos ha utilizado la frontera como herramienta de presión diplomática, permitiendo o fomentando salidas masivas de migrantes cuando le conviene. Ver un análisis aquí: Crisis migratoria en Ceuta: causas, contexto y claves

Pero la responsabilidad principal recae en España. El Gobierno español ha respondido con improvisación, opacidad y una gestión que no cumple los estándares mínimos de diligencia exigibles en materia de derechos humanos y protección ciudadana. Ha negado colapsos evidentes, ha minimizado riesgos sanitarios y ha permitido que Ceuta quede expuesta sin los recursos necesarios.

Sobre el colapso sanitario negado: El Mundo – Sanidad niega el colapso en Ceuta.

Y sobre la paradoja sanitaria: El Debate – España refuerza la sanidad de Marruecos mientras la propia se hunde

Cuando un Estado no protege a sus ciudadanos, cuando no garantiza su seguridad sanitaria, cuando no actúa con la diligencia debida ante una crisis anunciada, la responsabilidad deja de ser solo política: puede ser penal.

La exigencia de responsabilidades, incluida la penal

No es exagerado plantearlo. En derecho, la omisión de auxilio, la negligencia grave y la falta de protección efectiva pueden constituir delitos. Y en Ceuta, la combinación de abandono, falta de previsión y decisiones políticas que han puesto vidas en riesgo merece ser examinada con rigor jurídico.

La exigencia de responsabilidades no es un gesto político: es una obligación moral y legal. Cuando la inacción contribuye a que seres humanos mueran, cuando la negligencia permite que una ciudad quede desbordada, cuando la frontera se convierte en un espacio donde la ley se suspende, la justicia debe intervenir.

El silencio insoportable sobre los muertos

Y hay algo todavía más insoportable: los muertos. Más de cien seres humanos —jóvenes en su mayoría— quedaron sin vida en el mar, en el espigón, en las playas, en las morgues saturadas de Tetuán, Tánger, Fnideq y Rincón. No eran cifras, eran personas. Tenían nombre, familia, sueños, miedo.

Murieron ahogados, aplastados, agotados, intentando llegar a un lugar que no sabía cómo recibirlos. Y, sin embargo, en demasiados comunicados oficiales apenas se mencionan. Se habla de “normalidad”, de “control sanitario”, de “retorno voluntario”, pero no de los cuerpos alineados en el suelo del Servicio Marítimo, ni de los cadáveres que siguen apareciendo, ni de los desaparecidos que nadie busca.

Sobre los muertos invisibles:  Los muertos invisibles de la frontera sur.

Y sobre los cuerpos que no figuran en estadísticas: Nichos de hormigón para los cadáveres recuperados en Ceuta que nadie reclamará

Eran seres humanos. Y merecen ser nombrados.

La crisis humanitaria que olvida a los ceutíes

La narrativa dominante insiste en la tragedia de los migrantes —y es una tragedia real, innegable, dolorosa—, pero en ese relato se ha borrado a los ceutíes. Se habla de menores, de familias desesperadas, de condiciones inhumanas, pero se olvida que Ceuta es una ciudad pequeña, con recursos limitados, que ha sido obligada a absorber una presión que ningún territorio europeo soportaría sin romperse.

Sobre la llegada masiva de menores: La crisis de menores desborda la Justicia en Ceuta y obliga a Bolaños a enviar refuerzos

Los ceutíes también viven una crisis humanitaria:

• su sanidad se colapsa,

• su seguridad se deteriora,

• su vida cotidiana se ve alterada,

• su Estado no los protege.

Son europeos, son españoles, y sin embargo se les trata como si fueran una periferia prescindible, un territorio que puede aguantar lo que otros no tolerarían.

Conclusión: Ceuta como espejo moral

Ceuta es hoy el espejo donde se reflejan las contradicciones de dos Estados que han fallado en su deber más básico: proteger vidas. La ciudad soporta una doble carga: la tragedia de los migrantes y el abandono de sus propios ciudadanos. Y en ese cruce de dolor y negligencia, la exigencia de responsabilidades —políticas, morales y penales— no es una opción: es una necesidad.

La frontera no es solo una línea en un mapa. Es un lugar donde la vida se pierde, donde la culpa se diluye y donde la justicia, si quiere ser justicia, debe empezar a poner nombres y exigir cuentas.

Bosques ardiendo, julio 30, 2004

Cada año, en el verano, vemos como los incendios forestales se hacen presentes en la geografía nacional. El año pasado fue Cataluña, ahora es Andalucía.Hectáreas y hectáreas de montes arden y con ellos se pierden flora, fauna, casas, bienes materiales y hasta vidas. Cuando empiezan, es difícil terminarlos y así cada año igual. Los que viven en zonas de alto riesgo de incendio, pueblos, urbanizaciones y barrios periféricos en o cercanos a zonas boscosas saben bien de la indefensión en que se hallan, marginados y olvidados por parte de sus ayuntamientos, responsables directos de prevenir este tipo de accidentes mediante acciones elementales como podrían ser :

- Vigilar y hacer cumplir a los vecinos con la obligación de tener limpias y en condiciones de seguridad sus parcelas, recordándoselo con bandos municipales en todas las lenguas de la Comunidad y con inspecciones visuales y periódicas para verificar se están cumpliendo. Este tipo de medidas deberían llevarse a cabo, anualmente, en los meses primaverales.

- Procurar que las zonas verdes municipales localizadas dentro de esas poblaciones cumplan, ejemplarmente, con las condiciones de seguridad y mantenimiento exigidas para la previsión de incendios.

- Clasificar el ámbito municipal por zonas de peligrosidad , destinándoles a las más peligrosas los proporcionales recursos y atención municipales. Por ejemplo, entender como más prioritario destinar la dotación de parques y jardines a cortar y limpiar malezas de un barrio dentro de una zona boscosa que al riego diario de los crisantemos que adornen el jardín del ayuntamiento.

Sería interesante conocer las partidas presupuestarias que los ayuntamientos españoles afectados por incendios forestales destinaron a prevenir incendios y las que destinaron a sus fiestas mayores. Y por parte de los gobiernos autonómicos y diputaciones provinciales, pedirles que controlen y hagan cumplir a sus ayuntamientos toda la legislación y normas en vigor para la previsión de incendios, colaborando con ellos cuando éstos no tengan los recursos y medios precisos, pero siempre de modo preventivo.

oooOOOooo

🔄 16 de agosto de 2026. Cada verano vuelve a repetirse el mismo drama: incendios que arrasan montes, viviendas, ecosistemas y, en ocasiones, vidas. Lo que en 2004 era ya una preocupación evidente —la falta de prevención municipal y la desatención de zonas de riesgo— sigue siendo hoy un problema estructural.

La reflexión permanece vigente: sin planificación, sin mantenimiento de parcelas y zonas verdes, sin clasificación real de áreas de peligrosidad y sin presupuestos que prioricen la prevención, los incendios seguirán siendo una tragedia anunciada.

Este comentario, releído con perspectiva, subraya una verdad incómoda: la prevención no es un gesto estético, sino una responsabilidad política y comunitaria que demasiadas veces se posterga.

Sobre los privilegios del presidente (primer ministro) del Gobierno en España

Llevo tiempo dándole vueltas a una cuestión que, a mi entender, pasa demasiado desapercibida en el debate público: **los privilegios excepcionales de los que goza el presidente del Gobierno en España**, independientemente del partido que ocupe La Moncloa. Y más aún, cómo esos privilegios contrastan con los de otros líderes europeos y chocan frontalmente con la situación de crisis continuada que la ciudadanía española ha atravesado en los últimos años.

Bajo el mandato del actual presidente, Pedro Sánchez, España ha sufrido una concatenación de episodios extraordinarios: pandemia, apagones, incendios devastadores, DANAs, accidentes ferroviarios vinculados al mal estado de las infraestructuras, asaltos fronterizos, la crisis de Ceuta… Una acumulación de circunstancias durísimas que, en mi opinión, **no ha recibido una respuesta institucional proporcional**. En este contexto, los privilegios del jefe del Ejecutivo resultan aún más difíciles de justificar.

 

**La residencia oficial: un “palacete” con todo incluido**

El presidente español disfruta de una residencia oficial que, en la práctica, funciona como un palacete con todos los gastos cubiertos. No solo para él, sino para un círculo familiar que —según diversas informaciones— se extiende más allá del núcleo doméstico habitual. 

El contraste con otros líderes europeos es llamativo: Angela Merkel, por ejemplo, continuó viviendo en su apartamento de Berlín durante toda su etapa como canciller, sin necesidad de instalarse en un complejo residencial de carácter casi cortesano.

 **Las vacaciones: un privilegio difícil de defender**

 Si lo de la residencia ya resulta discutible, lo de las vacaciones roza el delirio. ¿Por qué el ciudadano español debe asumir los costes mayestáticos de los desplazamientos vacacionales del presidente? 

Al fin y al cabo, **el presidente es un funcionario**, el primero del país, sí, pero un funcionario. Sus vacaciones deberían costearse de su bolsillo y ajustarse a lo que su economía personal permita, como ocurre con cualquier otro trabajador.

El uso del Falcon, los dispositivos de seguridad y la logística asociada a sus desplazamientos privados generan un gasto que, en mi opinión, **no debería recaer sobre el contribuyente** cuando se trata de actividades estrictamente personales.

 De La Mareta al vuelo comercial de Merkel: así veranean los dirigentes europeos y así se pagan sus vacaciones | Demócrata

https://www.democrata.es/economia/mareta-sanchez-vacaciones-macron-merz-meloni/

https://www.libertaddigital.com/espana/2026-08-08/de-7-a-35-dias-cuanto-tiempo-estara-de-vacaciones-cada-lider-europeo-este-verano-7439231/

https://www.pressreader.com/spain/el-confidencial/20260709/281749866103033

 

Indultos, poder y silencios: el caso Alfredo Sáenz como síntoma de una enfermedad mayor

 Esta entrada es una actualización  de la publicada en 2016 sobre el caso Alfredo Sáenz. Puedes leer la versión original aquí:

leyendo_periódicos: El Supremo abre la puerta a que otro juez investig...

La historia del indulto a Alfredo Sáenz —y de las maniobras políticas, judiciales y mediáticas que lo rodearon— es mucho más que un episodio aislado. Es un espejo incómodo de cómo se entrelazan en España el poder económico, la política y ciertos silencios mediáticos que amortiguan lo que debería ser escándalo público. El Tribunal Supremo abrió en su día la puerta a investigar responsabilidades políticas por aquel indulto, pero la puerta quedó entreabierta y nadie quiso cruzarla. Esa inacción, más que el propio indulto, es lo que revela la profundidad del problema.

1. Un titular que debería haber hecho más ruido

En 2016, un artículo señalaba que *“El Supremo abre la puerta a que otro juez investigue a Zapatero por el indulto a Alfredo Sáenz”*. El titular era potente, casi explosivo, pero la noticia pasó con la misma sordina que acompañó a la decisión del Supremo en 2013, cuando anuló los efectos administrativos del indulto. 

Nada nuevo: en España, ciertos temas se amortiguan solos cuando afectan a quienes no suelen ser molestados. 

2. El caso Sáenz: una cronología que incomoda

La trayectoria judicial de Alfredo Sáenz es conocida: condenado por denuncia falsa, indultado parcialmente por un Gobierno en funciones, rehabilitado administrativamente para seguir siendo “honorable” según los criterios del Banco de España, y finalmente apartado del Santander con una indemnización que simboliza mejor que nada la distancia entre las élites y el ciudadano común. 

El Supremo dejó claro que un indulto no borra antecedentes ni limpia el rastro administrativo de una condena. Pero esa claridad jurídica chocó con una realidad política donde la “honorabilidad” parece negociable cuando conviene.

3. Política, banca y el cuarto poder: un triángulo de conveniencias

Los textos citados en la entrada original —desde ABC hasta ¿Hay Derecho?— dibujan un patrón inquietante: 

- Gobiernos que indultan sin explicar por qué. 

- Reguladores que parecen más atentos a los intereses del banco que a los del país. 

- Medios que suavizan, silencian o desvían la atención.  

Como señalaba Rodrigo Tena, el problema no es solo el indulto: es la sensación de que las leyes se doblan cuando quien está al otro lado es “demasiado importante para caer”. Y que, en ese contexto, el Estado de Derecho se convierte en un concepto frágil, casi decorativo.

4. La puerta que se abrió… y nadie cruzó

El Supremo dejó abierta la posibilidad de investigar responsabilidades políticas por el indulto. 

Pero esa puerta quedó ahí, inmóvil, sin que ningún juez ordinario de Madrid la atravesara. 

La justicia española, tan lenta para unos y tan diligente para otros, dejó que el tiempo hiciera su trabajo: enfriar, olvidar, enterrar.

5. Lo que este caso nos dice de España

El caso Sáenz no es solo un episodio del pasado. Es un recordatorio de que: 

- La justicia no siempre llega a todos por igual. 

- El poder económico tiene una capacidad de influencia que rara vez se reconoce abiertamente. 

- La ciudadanía depende demasiado de iniciativas individuales para defender la legalidad cuando los mecanismos institucionales fallan. 

Como advertía uno de los comentaristas citados, los “vientos de Némesis” soplan cuando las instituciones no cumplen su función. Y en España, esos vientos llevan demasiados años acumulándose. 

Han pasado años desde aquel titular que prometía una investigación. Nada ocurrió. 

La puerta sigue ahí, abierta pero inútil, como símbolo de una justicia que a veces parece más decorativa que efectiva. 

Recordar este caso no es un ejercicio de nostalgia jurídica, sino una forma de señalar que los silencios, las sordinas y las puertas que nadie cruza son también parte del problema. 

Y que, mientras no se aborden, seguirán marcando la distancia entre la España que queremos y la España que realmente tenemos.

 

La invasión de Ceuta o cuando la Ley se desvanece, el Poder se pudre.

A propósito de la situación en Ceuta, vuelve a resonar en mi memoria una frase atribuida a San Agustín y que inspiró a Carlomagno:

“La justificación de todo gobierno y gobernante depende de que aseguren el reino de la ley. Sin justicia, ¿qué es un rey sino un bandolero glorificado?”

Qué lejos estamos hoy de ese principio. Lo que vemos en España —y que en Ceuta se hace especialmente visible— es una política que parece haber olvidado que la autoridad solo es legítima cuando se somete a la ley y actúa para el bien común.

Nuestros dirigentes, “los conductores y guías de los demás”, han dado demasiadas muestras de actuar para sí mismos y para los suyos: reparto de cargos, favores, subvenciones, adjudicaciones y una burla continuada de las normas que deberían respetar. No solo de las leyes humanas recogidas en la Constitución de 1978, sino también de los principios éticos que deberían guiar cualquier responsabilidad pública.

Así nos va. Como dice el dicho, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y Ceuta, con sus problemas enquistados y su sensación de abandono, es un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la política deja de ser servicio y se convierte en botín.

La distancia entre el ideal y la práctica es cada vez mayor. San Agustín y Carlomagno entendían que el poder solo se justifica cuando garantiza justicia, legalidad y respeto. Cuando la ley se desvanece, el poder se pudre. Y cuando el poder se pudre, el pueblo paga.

Ojalá algún día recuperemos aquel ideal antiguo: gobernantes que entienden que su misión no es servirse de la ley, sino servir a través de ella. Sin ese fundamento, cualquier gobierno corre el riesgo de convertirse en lo que San Agustín describió con tanta claridad.

La realidad que hoy vive Ceuta —reflejada en tantas noticias sobre presión migratoria, abandono institucional, tensiones políticas y decisiones improvisadas— no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la pérdida del principio de legalidad como fundamento del gobierno. Cuando las instituciones actúan sin rumbo, cuando la ley se interpreta según conveniencia y cuando la responsabilidad pública se diluye entre intereses particulares, ciudades como Ceuta quedan expuestas, vulnerables y desprotegidas. Lo que vemos en sus calles y en sus titulares es la consecuencia directa de ese deterioro moral y político: un territorio que pide orden, justicia y atención, mientras la clase dirigente parece mirar hacia otro lado. Ceuta no es solo una noticia; es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder deja de servir a la ley y empieza a servirse de ella.

https://www.ceuta.es/gobiernodeceuta/index.php/noticia?utm_

https://elpais.com/espana/2026-08-07/ultima-hora-de-la-entrada-de-inmigrantes-a-ceuta-en-directo.html?