Hay momentos en los que uno debe dejar de hablar en voz
baja. Porque lo que está en juego no es un trámite, ni una irregularidad, ni un
“desajuste administrativo”: es la decencia del Estado. Y cuando un
funcionario o una autoridad incumple la ley, no estamos ante un fallo humano.
Estamos ante una traición. Una traición al ciudadano, a la institución y a la
democracia misma.
El Código Penal no deja lugar a dudas. Prevaricar es dictar resoluciones injustas a sabiendas. Malversar es robar dinero público. Revelar secretos es dinamitar la confianza institucional. Abandonar el deber es dejar desprotegida a la sociedad. Todo esto son delitos, no opiniones. Delitos que llevan aparejadas penas de prisión e inhabilitación. Delitos que deberían perseguirse con la misma contundencia que cualquier otro crimen que afecta al bien común.
Pero aquí está el problema: no se persiguen. O se persiguen
tarde, mal y nunca. Se esconden bajo capas de burocracia, se diluyen en
comisiones, se archivan en silencio, se maquillan con tecnicismos. Y mientras
tanto, el ciudadano observa cómo quienes deberían ser ejemplo se convierten en
los primeros en pisotear la ley.
¿De qué sirve que la normativa sea clara si quienes deben
aplicarla miran hacia otro lado? ¿De qué sirve que la ley contemple penas
severas si el sistema permite que algunos se paseen por encima de ella como si
fuera un mero trámite? ¿De qué sirve hablar de Estado de Derecho si hay
funcionarios y autoridades que actúan como si estuvieran por encima del
derecho?
Normas hay, y de sobra. Lo que falta es aplicarlas. Y falta
algo más: falta vergüenza. Falta responsabilidad. Falta la voluntad de limpiar
las instituciones de quienes las ensucian desde dentro.
Porque quien destruye documentos públicos, quien oculta
información, quien abandona su deber, quien desvía fondos, quien dicta
resoluciones injustas, no solo comete un delito: se burla de todos nosotros. Se
burla del ciudadano honesto, del trabajador que cumple, del contribuyente que
sostiene el sistema. Se burla de la democracia.
La impunidad institucional es el veneno más corrosivo que
puede ingerir un país. Y España lleva años tragándolo sin rechistar. Por eso es
imprescindible decirlo alto y claro: exijamos que se persiga a los
delincuentes, aunque ocupen despacho, aunque firmen resoluciones, aunque se
envuelvan en la bandera de la institución. La ley no es un adorno. Es un
límite. Y quien lo cruza debe pagar las consecuencias.
Si el Estado no es capaz de limpiar su propia casa, ¿qué
autoridad moral le queda para exigir nada al ciudadano?
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Ya son 41 las personas migrantes muertas durante la crisis fronteriza en Ceuta (Revista Capital, 31/07/2026)
"https://www.diariodeavila.es/noticia/19-migrantes-fallecidos-en-el-asalto-a-ceuta">
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Al menos 57 fallecidos en la frontera de Ceuta (Naiz, 31/07/2026)
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Recuperan 15 cuerpos de migrantes en el mar en Ceuta (Agencia EFE, 30/07/2026)
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El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta (Europa Press, 04/08/2026)
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El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibe 79 cuerpos recuperados del mar (Agencia EFE, 04/08/2026)