La invasión de Ceuta del pasado 30 de julio ha dejado al descubierto el olvido —o la renuncia— de dos premisas que deberían ser irrenunciables: “Ceuta es España, es Europa” y “nadie está por encima de la Ley”. Sin embargo, más de quince días después, la ciudad autónoma continúa sumida en un abandono que ya no es solo político, sino moral. Mientras tanto, el jefe del Ejecutivo disfruta plácidamente de sus vacaciones, traje de baño y aguas atlánticas en La Mareta. Una estampa de dolce vita que contrasta de forma obscena con la realidad que vive Ceuta.
Porque la realidad es otra, y es dura. Miles de migrantes deambulan sin
control por la ciudad; decenas de cadáveres esperan identificación en morgues
españolas y marroquíes; las playas se han convertido en campamentos
improvisados; se multiplican las agresiones sexuales, la violencia, la
insalubridad; los sanitarios trabajan al límite, exhaustos, clamando por
refuerzos que no llegan. Ceuta es hoy un pequeño infierno para quienes la
habitan y también para quienes han llegado en una travesía desesperada. Y
frente a ese infierno, la respuesta del Gobierno de España es una ausencia:
un silencio administrativo que se prolonga mientras el Consejo de Ministros
—veintiuna carteras y un presidente— parece mirar hacia otro lado.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿De verdad, entre
nuestras innumerables leyes, regulaciones, organismos de control y
jurisprudencias, no existe ninguno capaz de perseguir y sancionar tanta
desidia? ¿No hay una sola institución que considere intolerable que una
parte del territorio español viva una crisis humanitaria y de seguridad sin una
reacción proporcional del Estado?
La invasión de Ceuta no es solo un episodio fronterizo. Es un espejo que devuelve una imagen inquietante: la de un país que, en ocasiones, parece olvidar sus obligaciones más elementales. Y la de un Gobierno que, cuando la realidad se vuelve incómoda, opta por el silencio y la distancia.
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