Si algo ha quedado dolorosamente claro tras la invasión de Ceuta es que el Gobierno central ha renunciado a ejercer sus funciones esenciales, especialmente en lo que respecta al control efectivo de la frontera, la protección de la ciudadanía ceutí y la gestión ordenada y legal de los flujos migratorios. Hechos constatados por la secuencia de episodios en los que la ciudad ha quedado expuesta, desbordada y sin los recursos que el Estado está obligado a garantizar.
La frontera de Ceuta —territorio español y europeo— ha sido tratada como una línea secundaria, gestionada con improvisación, falta de previsión y una pasividad que raya en la negligencia institucional. Cuando un Estado permite que su frontera quede abierta, permeable o descontrolada, no solo falla en su deber internacional: falla en su deber constitucional hacia sus propios ciudadanos.
Ceuta ha sufrido esa dejación de funciones de manera directa:
Servicios públicos saturados, sin refuerzo suficiente.
Falta de medios policiales y sanitarios, pese a las alertas reiteradas.
Ausencia de un plan de contingencia real, aun cuando la presión migratoria era conocida y previsible.
Dependencia absoluta de decisiones diplomáticas ajenas (1),—especialmente las tomadas por Marruecos— que han dejado a la ciudad en una vulnerabilidad intolerable.
Todo ello constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del Gobierno central, que está legalmente obligado a garantizar la seguridad, la integridad territorial, el control fronterizo y la protección de los ciudadanos. Cuando ese deber se incumple, cuando la omisión provoca daños, riesgos y situaciones límite, es necesario considerar la responsabilidad jurídica.
La ciudadanía de Ceuta —que también sufre una crisis humanitaria, aunque casi nunca se la nombre— tiene derecho a exigir que quienes han permitido esta situación respondan por ello. Y cuando la dejación de funciones es tan evidente, tan prolongada y tan lesiva, la exigencia de responsabilidades incluye la posibilidad de ser castigados conforme a la ley. Porque la negligencia institucional que pone en riesgo vidas, seguridad y derechos no debe ni puede quedar impune.
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Ceuta no es una nota al pie. Es una frontera española. Y cuando el Estado falla en su deber más básico, la justicia debe actuar.
"Como esto siga así, Ceuta va a ser Castillejos 2": más de 100 inmigrantes intentan cruzar a nado en una noche de Mundial (Información en "El faro de Ceuta", quince días antes de la invasión.
El crimen de Ceuta, por Antonio Elorza (Analisis pormenorizado de la situación crítica de Ceuta)
Manifestación histórica en Ceuta "contra los invasores" (Reacciones de una población que no puede más)
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1) Decisiones diplomáticas ajenas:
Aperturas súbitas de la frontera por parte de Marruecos, permitiendo el paso de miles de personas sin control.
Retirada de vigilancia marroquí en momentos concretos, que provoca avalanchas migratorias.
Uso político de la frontera para enviar mensajes a España o a la UE (por ejemplo, en episodios relacionados con el Sáhara Occidental).
Negativa o demora en aceptar retornos de menores o adultos, complicando la gestión española.
Coordinación fronteriza intermitente, que depende del clima diplomático del momento.
Todo esto son decisiones tomadas por Marruecos, no por España. Y cuando el Gobierno central español no refuerza Ceuta, no anticipa estos movimientos, o no protege a la ciudadanía ante ellos, incurre en una dejación de funciones.
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