A propósito de la situación en Ceuta, vuelve a resonar en mi memoria una frase atribuida a San Agustín y que inspiró a Carlomagno:
“La justificación de todo gobierno y gobernante depende de que aseguren el reino de la ley. Sin justicia, ¿qué es un rey sino un bandolero glorificado?”
Qué lejos estamos hoy de ese principio. Lo que vemos en España —y que en Ceuta se hace especialmente visible— es una política que parece haber olvidado que la autoridad solo es legítima cuando se somete a la ley y actúa para el bien común.
Nuestros dirigentes, “los conductores y guías de los demás”, han dado demasiadas muestras de actuar para sí mismos y para los suyos: reparto de cargos, favores, subvenciones, adjudicaciones y una burla continuada de las normas que deberían respetar. No solo de las leyes humanas recogidas en la Constitución de 1978, sino también de los principios éticos que deberían guiar cualquier responsabilidad pública.
Así nos va. Como dice el dicho, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Y Ceuta, con sus problemas enquistados y su sensación de abandono, es un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando la política deja de ser servicio y se convierte en botín.
La distancia entre el ideal y la práctica es cada vez mayor. San Agustín y Carlomagno entendían que el poder solo se justifica cuando garantiza justicia, legalidad y respeto. Cuando la ley se desvanece, el poder se pudre. Y cuando el poder se pudre, el pueblo paga.
Ojalá algún día recuperemos aquel ideal antiguo: gobernantes que entienden que su misión no es servirse de la ley, sino servir a través de ella. Sin ese fundamento, cualquier gobierno corre el riesgo de convertirse en lo que San Agustín describió con tanta claridad.
La realidad que hoy vive Ceuta —reflejada en tantas noticias sobre presión migratoria, abandono institucional, tensiones políticas y decisiones improvisadas— no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de un problema más profundo: la pérdida del principio de legalidad como fundamento del gobierno. Cuando las instituciones actúan sin rumbo, cuando la ley se interpreta según conveniencia y cuando la responsabilidad pública se diluye entre intereses particulares, ciudades como Ceuta quedan expuestas, vulnerables y desprotegidas. Lo que vemos en sus calles y en sus titulares es la consecuencia directa de ese deterioro moral y político: un territorio que pide orden, justicia y atención, mientras la clase dirigente parece mirar hacia otro lado. Ceuta no es solo una noticia; es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder deja de servir a la ley y empieza a servirse de ella.
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