lunes, 7 de abril de 2008

Los castellanohablantes, y sus derechos(sólos ante el peligro), (I) octubre 25, 2005

Reproduzco esta interesante carta, al menos a mi me lo parece, leída en " El Semanal Digital ", titulada "Falta de reacción de los castellanohablantes", firmada por María Marco (19 de octubre de 2005)

" En cualquier país o sociedad con dos lenguas oficiales habladas por el mismo número de personas, lo normal sería que las dos lenguas se enseñaran en las escuelas en la misma proporción. Desgraciadamente no es el caso de Cataluña, donde tenemos que aguantar que la Consejera de Educación, Marta Cid (ERC), haya declarado su gran preocupación porque se dan "sólo" 6 veces más clases en catalán que en castellano y anuncie un decreto para que, en vez de 6, sean 10 veces más. Pero el problema no es sólo la evidente actitud discriminatoria de ERC contra la lengua española, sino sobretodo la escasa reacción de la comunidad castellanohablante de Cataluña para defender sus derechos como haría cualquier otra comunidad lingüística del mundo. ¿Cuándo vamos por fin a reaccionar y defender sin absurdos complejos lo que es nuestro frente a estos políticos? "


Añadiré   algunas consideraciones personales a las argumentaciones expuestas en la carta:

1) La manifiesta situación de inferioridad en que se halla el castellano frente al catalán en el sector oficial, especialmente en el ámbito de la Enseñanza, relegado a espacios mínimos, no obedece sólo a ERC. Es el producto de más de veinte años de una continuada acción por parte de los  que  gobernaron en la Comunidad, es decir, los de CiU, con la unánime colaboración y ayuda de toda la clase política, instituciones y agentes diversos de la sociedad civil.

2) El nuevo proyecto de estatuto respecto al catalán sólo recogerá por escrito, dándole fuerza de ley lo que ya ha sido práctica habitual. Según creo, opinión mía particular, el grado de imposición actual del uso del catalán en las relaciones oficiales entre administración pública y administrados es difícil de superar.

3) Escasa puede ser la reacción de los muchos cuya lengua materna es el castellano, porque nula - cero- es la ayuda de  la administración central, o sea del gobierno de España. El cual ha permitido y permite, a sabiendas de lo que pasaba y pasa, quebrantar los derechos fundamentales de buena parte de sus administrados. Los sucesivos gobiernos, tanto socialista como popular, han mirado a otro lado en el tema lingüístico. Muestra de ello son las leyes aprobadas en el Parlament catalán por unanimidad entre todas las fuerzas políticas allí representadas.  Se les ha dejado hacer y pasar.(*)
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(*)8 de enero 2011. Y continúa, desafortunadamente, con la tónica de siempre, de no hacer nada contra la negativa expresa de la Generalitat de acatar en materia lingüística la sentencia del Tribunal Constitucional  ni  las tres  del Supremo, dictadas el pasado año.  Se dejará,   como hasta ahora, que algún ciudadano, celoso de sus derechos, sea quien apele para lograr que la Generalitat acate dichas sentenciasPero, para los otros continuará  la  vulneración flagrante de sus derechos sin que institución alguna de modo efectivo les ampare.



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17 de agosto de 2015: Han transcurrido diez años desde la fecha del  comentario inicial y unos cuantos cambios se han producido en los gobiernos respectivos de la Nación y de la Autonomía, e incluso nuevas legislaciones dentro del ámbito de la Enseñanza y Educación. Y además  son ya cinco las sentencias del Supremo que la Generalitat se ufana en no acatar. Pero, en el plano de  equiparar la enseñanza de las dos lenguas en la escuela,  todo sigue igual. Tal vez,  hasta peor.

Seguidamente detallo enlaces con información reciente sobre el tema y resalto alguno de sus párrafos:

"Educación considera que el Departamento de Enseñanza desobedecía la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y la jurisprudencia de las diferentes sentencias que estipulan que el castellano también es lengua principal de enseñanza en Cataluña. “El recurso pretende dar una posibilidad material a las familias que quieren que el castellano sea lengua vehicular”, defendía el ministro.
El ]TSJC niega el argumento del abogado del Estado, que aseguraba que los padres estaban desinformados de la posibilidad de elegir el castellano como lengua vehicular. El tribunal determina que, como la segregación por lengua no está contemplada en las aulas, la posibilidad de escoger entre lenguas no existe. El tribunal recuerda, sin embargo, que el 25% de las clases en castellano es una “proporción razonable”. Esto equivaldría a una materia troncal impartida en castellano.
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“Recomendamos la vía judicial, eso garantiza que la sentencia llega, siempre nos dan la razón y tiene efectos para toda la vida escolar del menor en ese centro educativo”, dice Losada. Pero también explican el método para acceder a la ayuda económica para pagar un colegio privado con educación bilingüe si no hay oferta pública, establecida por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). “Es una ley que puede derogar cualquier gobierno que entre o si el actual pacta con otro por lo que sea”, alerta la portavoz.
De hecho, la AEB apoyó en una de las primeras peticiones de la ayuda de la LOMCE, realizada en Tona (Barcelona) por Francisco Ribas, líder del PP en ese municipio. Losada dice que él ya tiene asignada la bonificación y que está a la espera de que el Ministerio de Educación le consigue el dinero. “Hubo un malentendido en su petición, porque el colegio que solicitó no tenía en su proyecto educativo el bilingüismo. Pero con una carta del director explicando que la mitad de las clases era en castellano se desencalló el expediente”, explica. Estos casos, (368 peticiones según Educación, 60 de acuerdo con la Generalitat), tienen menos seguimiento por parte de la Asamblea puesto que no necesitan de un letrado."




24 de febrero de 2018: En días pasados el Tribunal Constitucional falló anular  

Responde a un recurso presentado por la Generalitat en 2014 y estima por unanimidad, entre otras cuestiones, que "el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias" entre Administraciones, según una nota del TC.
 Curiosamente, muy curiosamente, la decisión del alto tribunal ha llegado inesperadamente, después de tres años esperándola, en momentos críticos para  el Gobierno Central por la cuestión lingüística en Cataluña. Según Jung, el sabio suizo,  no rige la casualidad, sino la correlación causa-efecto.

Cierro este añadido, resaltando  el hecho de que el TC se apoye en que “el sistema diseñado por la ley….no respeta el reparto de las competencias”, y sobreponga, a mi modesto entender, el derecho de una administración pública local sobre los derechos del ciudadano común. No lo entiendo ¡sinceramente! Un niño de lengua materna castellana(lengua oficial y común de todos los españoles, y co-oficial en la comunidad autónoma( al menos sobre el papel) que va a la escuela en Cataluña no tiene asegurado recibir la enseñanza de su lengua. Porque los derechos que se arrogaron, en el reparto de poderes, unos políticos concretos, en un momento también concreto de la historia de su país, están por encima de los suyos. ¡Vaya! Para qué, me pregunto- tanta ciencia, tanta ley, doctrinas, etc. etc., cuando con un poco de sentido común y en especial un generoso corazón sería suficiente.




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