Las cifras exactas se desconocen, al menos por parte de la opinión pública. Tampoco creo que interese mucho que los datos concretos, exactos, sean conocidos. Tal como estamos ya acostumbrados, o yo lo estoy, el tema se ha politizado de inmediato, o se pretendió, cuando, al principio, y siendo entonces la Comunidad Madrileña la más azotada por la Pandemia, comenzaron a descubrirse los muchos casos de contagiados y víctimas mortales que eran localizados en las residencias de ancianos.
Pero de inmediato, la realidad hizo patente que la plaga hacía estragos allí donde se concentraban las gentes mayores, es decir, en los geriátricos, en las residencias de ancianos y en los centros de día, y, además, independientemente, de su localización, ya fuera en Madrid, en Cataluña, en Alicante, en Soria…Los mayores iban cayendo y, en tal número, que en algunos de estos sitios, se entendió justa la aplicación de un protocolo discriminatorio de los cuidados médicos según la edad del enfermo, y hasta se fijó una edad concreta ( 80 años, otros dicen que el protocolo fijaba a partir de 60 años, ) para su ingreso en las UCI.
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¡Muy fuerte!, ¿verdad? Más aún si tenemos en cuenta que justamente al colectivo que ahora se le limitaba o negaba la necesaria medicina y asistencia médica es la que durante estos cuarenta o cincuenta años anteriores ha cotizado los impuestos y cuotas de la Seguridad Social, y contribuido con ello al sostenimiento de buena parte, si no toda, del sistema público Sanitario y de Bienestar Social que hoy tenemos. Y, por tanto, no se le daba nada que no hubiese pagado ya. Un derecho, el mismo derecho que en 27.7.2018, por Decreto Ley, el gobierno socialista de Pedro Sánchez "con la filosofía de que “una sociedad justa no deja a nadie atrás”, aprobó un real decreto que garantizaba la atención sanitaria a todas las personas que vivan en España, en igualdad de condiciones"
Añado enlaces con información en relación a la
cuestión más arriba abordada:
A continuación
destaco aquellos párrafos a mi modesto entender más significativos de este
artículo:
“En total, los pensionistas pagan 13.500
millones al Fisco. Sin embargo, lo que los
pensionistas pagan a Hacienda cada año vía IRPF es una cifra superior, tal como
especifican los técnicos de Gestha. "No existe una información
estadística del resto de ingresos y de las circunstancias personales y
familiares de los pensionistas”, señala José María Mollinedo, secretario
general de Gestha, pese a lo cual, "se puede razonablemente estimar el
impacto en la cuota íntegra del IRPF de los pensionistas en alrededor de 13.467
millones de euros", tomando como referencia los datos de la Administración
Tributaria de 2018.(…) Tal y como
especifican los expertos, estos casi 13.500 millones resultan de
considerar únicamente el efecto en el IRPF de la pensión media, al
margen de cualquier otro ingreso que pudieran disponer, y de si han
presentado la declaración o no, por lo que "esta restricción habrá
infraestimado el impacto tributario". Es decir, en la práctica, es muy
probable que los pensionistas
contribuyan a Hacienda con una cifra superior a esos 13.500 millones de euros
anuales(::.)Estas
estadísticas de los Técnicos de Hacienda arrojan un dato cuanto menos curioso,
ya que se comprueba que con ese dinero que Hacienda ingresa por las nóminas de
los pensionistas se podría casi cubrir el déficit de la Seguridad Social, que
se acerca a los 18.000 millones de euros a finales de 2019. Es decir: los
propios impuestos directos que generan y pagan los pensionistas por sus
pensiones podrían servir para tapar la inmensa mayoría del desequilibrio actual
de la Seguridad Social”.
“El
Defensor del Paciente ha denunciado ante la Audiencia Nacional a las
comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las
regiones en las que se han registrado un mayor número de mayores fallecidos por
coronavirus en residencias”
“Adela Cortina, Javier Gomá, Fernando Savater y
Pablo D'Ors han reflexionado sobre la actual
situación de crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus,
alertando de que el cuidado
de mayores es una responsabilidad social y que "no hacerlo es
inmoral".De esta forma entran en el debate suscitado ante la postura
de países como Holanda o
Bélgica, que optan por el tratamiento de los más ancianos fuera de
los hospitales y también tras conocerse un documento de la Generalitat catalana
de no ingresar a los mayores de 80 años en las UCI.(…) Javier Gomá observa cómo en algunos momentos se ha
llegado a plantear esta crisis como una cuestión de "dos castas": una
de "jóvenes y sanos, que serían de mejor condición, y otra, de peor
condición, casta secundaria y subalterna, compuesta por ancianos, enfermos y
discapacitados"."Sostengo que no existe más que una raza, sin castas,
de hombres y mujeres con la misma dignidad. Por tanto, las medidas del Gobierno
deben tratar a los débiles no sólo como si tuvieran la misma dignidad que
ancianos y enfermos, sino con un plus de cuidado, porque los poderes deben
suplir la falta de fuerzas y la indefensión a las que están sometidas los débiles", ha
apuntado.
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