sábado, 8 de abril de 2017

Caso Pretoria , (2)De las pesquisas iniciales en el 2006 por el juez Garzón, a la sentencia final en julio 2018)

Pretoria (Continuación) 8 de abril de 2017: (2)
Prometí continuar e  inicio, pues, este comentario  detallando algunos de los casos , clientes del bufete Petrus que,  tal como decía lavanguardia.com , en su artículo ya citado  del 6.04.2016, es decir, hace un año, acabaron en los tribunales:
BBV-Privanza-Jersey, o “particular cajita de Pandora”, porque de un registro en las oficinas de esta entidad, salió ( se halló)la libreta de un corresponsal repleta de nombres  de clientes y el manual del modus operandi para la más eficaz manera de evadir al fisco español. Valiosa documentación que calló en manos del ínclito ex juez Garzón.
1.       “¿Qué fue BBV Privanza y su relación con Jersey? BBV Privanza era la división de banca privada del banco BBV, con una filial en Jersey. Esta filial comenzó en 1987 a captar clientes a los que les ofrecía "opacidad, flexibilidad y máxima optimización fiscal", a la hora de organizarles un entramado de sociedades para organizar su patrimonio, según decía el propio manual de la entidad.(1) La filial operaba a través de Canal Trust, que estaba participada al 100% por la filial de Jersey, la encargada de comercializar los productos a sus clientes. 
2.       ¿Qué eran las cuentas secretas del BBV? Desde 1987 y hasta el año 2000, el BBV mantuvo una contabilidad oculta a la oficial en varios paraísos fiscales como Jersey, Liechtenstein o las Islas Caimán.  Las  investigaciones apuntaron que había más de 3.300 millones de pesetas en dinero B repartido en 22 fondos de pensiones secretos que correspondían a 19 miembros del consejo de administración del banco. Toda esta contabilidad no estaba reflejada en las cuentas oficiales de la entidad y fue lo que acabó desatando la investigación primero del Banco de España y posteriormente de la Audiencia Nacional.
3.       ¿Cómo salió a la luz la doble contabilidad? Tras producirse la fusión con Argentaria, esta doble contabilidad salió a la luz y el banco la legalizó en enero de 2001. A causa de la unión de las dos entidades, existía una doble copresidencia con los dos jefes de las anteriores entidades, Emilio Ybarra (de BBV) y Francisco González (de Argentaria). Este último, al enterarse de la existencia de esta contabilidad B, optó por la regularización de las cuentas sacando a la luz su existencia. Con este movimiento se terminó desencadenando una investigación que se saldó con la dimisión de Ybarra y con el caso en los tribunales.
 http://www.eldiario.es/economia/caso-BBV-Privanza-acabo_0_505350505.HTML

(1) "El Manual forma parte de la documentación requisada por el juez Baltasar Garzón en el registro en BBV Privanza en la primavera de 2000. El 1 de mayo de 2001, la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe en el que desentrañaba la operativa del banco. En base a este informe, de 45 páginas, Garzón llamó a declarar en septiembre de 2001 a tres directivos del banco (Carlos Delclaux, Manuel López López y Gabriel Jesús Moreno) como imputados.

Eugenio Mora, propietario de Burberry España, investigación iniciada en 2005 con el registro  simultáneo en  domicilio de  Mora y en bufete Petrus.
1.       El expresidente de la marca Burberry España Eugenio Mora ha pagado más de 31 millones entre multas e indemnizaciones a Hacienda tras admitir ocho delitos fiscales, según la sentencia de la sección primera de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso Europa Press.En concreto, la sentencia recoge el pacto acordado, por el que Mora reconoce varios delitos fiscales contra la Hacienda Pública por el fraude en el IRPF en 2000, 2001 y 2004, así como fraudes en el Impuesto de Patrimonio (de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) y una condena de dos años de prisión, que será sustituida por el pago de 72.000 euros, además de 12 millones de euros en multas y 19 millones de euros en indemnizaciones a Hacienda. En 2010, Mora Olivella ya ingresó a Hacienda más de 27 millones de euros por la venta de la compañía en 2000, lo que fue la mayor regularización fiscal producida en España, según ha informado hoy 'El Confidencial', que ha explicado que la elevada tributación se debía a que el que fuera presidente de Burberry ya estaba imputado por delito fiscal por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras descubrir un paraíso fiscal en Jersey auspiciado por BBVA-Privanza, filial del banco español(…)Eugenio Mora, junto con tres sociedades residentes en el Reino Unido y otra en Irlanda, que eran controladas por él, vendieron sus participaciones a cinco sociedades de Funchal, con idéntico domicilio a otras entidades facilitadas y empleadas por el bufete Pretus.

Pretoria
1.       La persona que más dinero ganó con la trama Pretoria no es el presunto cerebro de la red corrupta, Luis García Sáez, Luigi. Según el sumario abierto por la Audiencia Nacional, el mayor beneficiado de los tres pelotazos del caso -en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres- es el ex propietario de Burberry España, Eugenio Mora Olivelles. A través de sociedades con sede en paraísos fiscales, el empresario cubría las inversiones que necesitaba la red para sus negocios.Los informes de la Agencia Tributaria incluidos en el sumario revelan que Mora ganó más de 13 millones en esos tres pelotazos, casi la mitad de los 30 millones que la investigación estima que generaron los negocios ilícitos. Según la Guardia Civil, Mora movía desde paraísos fiscales "fondos que introducía en España para un lucrativo negocio con un coste fiscal nulo", para, tras la operación, "volverlos a situar en el exterior(…)El negocio consistía en comprar una empresa con un proyecto empantanado (Centre Comercial Gramenet, S. A.), invertir en unos terrenos, esperar a que el Ayuntamiento correspondiente aprobara un cambio de usos del suelo que revalorizara el solar, y venderlo. Para lo primero, Mora pagó en noviembre de 2003 un total de 2,7 millones. Para lo segundo, en una operación con origen en Madeira (Portugal), Mora introdujo en España 8,4 millones. Estas cantidades se canalizaron a través de la empresa holandesa Ard-Choille.(*)Solo quedaba que Luigi lograra la recalificación y encontrara comprador. Lo primero lo logró el 26 de julio de 2004 en un tormentoso Pleno municipal. El último paso para cerrar el negocio se produjo en noviembre de 2005: la promotora Prosavi pagó a Ard-Choille 28 millones por la compra de Centre Comercial Gramenet S. A. La Agencia Tributaria estima los beneficios de Ard-Choille en 10,3 millones.El empresario, sin embargo, no está imputado.


2.       La multitud de obras adjudicadas a Proinosa en Santa Coloma de Gramenet –por valor de 12,4 millones sólo en el último año  (2009)– sitúan a la constructora presidida por Josep Singla en el centro del huracán de la trama de corrupción que investiga el juez Garzón… el epicentro del caso se encuentra en el solar conocido como La Pallaresa, donde la promotora Prosavi, propiedad de Enric Viñas, levanta actualmente el complejo residencial y hotelero Cubics… este terreno centra parte de las investigaciones de Garzón, que descubrió las irregularidades a raíz del caso BBVA Privanza, en el que se vio implicado el despacho de abogados Pretus…Bajo el liderazgo de Manuela de Madre (PSC), el Ayuntamiento de Santa Coloma, decidió destinar el último suelo municipal que quedaba pendiente de urbanizar en la ciudad, La Pallaresa, a la construcción de un centro comercial… En enero de 2002, el proyecto fue adjudicado a las constructoras Excover, Proinosa y Riera, que pagaron 12,3 millones al Ayuntamiento. las tres empresas fueron incapaces de sacar adelante el proyecto y decidieron desprenderse de la sociedad que habían constituido y que tenía los derechos sobre los terrenos: Centre Comercial Gramanet. A partir de aquí se entra en una zona oscura en la que es difícil saber por qué manos pasó realmente la compañía. Según ha explicado Singla, se desprendieron de Centre Comercial Gramanet en noviembre de 2003.Presuntamente, el comprador fue una sociedad holandesa. La operación podría haberse instrumentado a través de Schroeder Invest, una compañía vinculada a Eugenio Mora, ex propietario de Burberry España. Mora fue uno de los imputados por el caso BBVA Privanza Jersey, aunque quedó en libertad tras pagar una fianza. Los administradores de Schroeder Invest eran el intermediario inmobiliario Jeff Schroeder –implicado también en la trama de Badalona–, y los abogados Francisco Pretus y Antonio Peñarroja.( (http://www.expansion.com/2009/10/29/catalunya/1256850549.html)

3. En noviembre de 2003, Singla logró que sus socios en Centre Comercial Gramanet vendieran su parte a una empresa (Tultar) que él les propuso, sin confesarles que los terrenos se iban a revalorizar y "experimentar un incremento notable" ni que detrás de la mercantil compradora estaba Luis Andrés García. "Con esta venta, García logró hacerse, como había planificado, con el control de la adjudicataria", aunque para "ocultar su vinculación" puso como administrador único a Manuel Valera. Al mismo tiempo, Singla y García vendieron sus acciones "por un importe muy superior al de su adquisición" a la sociedad holandesa ARD Choille BVcontrolada por Eugenio de Mora Olivellay el bufete Petrus, y considerada también como la mercantil utilizada por Oleguer Pujol para ocultar las comisiones obtenidas por la venta de las 1.152 oficinas del banco Santander—. La operación arrojó una plusvalía para Singla de 861.000 euros y para García, de 1,6 millones.(...)Según Anticorrupción, el alcalde de Santa Coloma,  "prevaliéndose de su cargo" y "guiado por el mismo ánimo de lucro" que García, permitió que este último "marcara las directrices y pautas de ejecución de este proyecto urbanístico" para que este fuera adjudicado a Proinosa y se revalorizasen los terrenos aprobando "cambios de uso en condiciones muy ventajosas para el adjudicatario y lógicamente perjudiciales para los intereses públicos que representaba".La Fiscalía considera que Muñoz era solo una parte de la trama Pretoria, encabezada por García —diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988, y conocido en el entorno empresarial por su capacidad de influencia sobre cargos públicos que decidían las adjudicaciones urbanísticas— y conformada también por el que fuera secretario de la Presidencia de la Generalitat de 1980 a 1990,  Lluís Prenafeta, y el 'conseller' de Economía de 1990 a 1997, Macià Alavedra Moner. Estos dos últimos, según Anticorrupción, mantenían una "estrecha relación personal" con el entonces presidente catalán, Jordi Pujol i Soley.
"http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-14/el-alcalde-de-pretoria-queria-someter-a-los-empresarios_1348002/


Carceller,  padre e hijo ( Damm, Disa, Pescanova…)
1.       La investigación se inició hace algo más de un año tras una querella por delito fiscal presentada por la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria. En un principio, la causa fue instruida por el juez Baltasar Garzón -ahora corresponde al juez Pablo Ruz- como consecuencia de las investigaciones en el bufete Petrus, que asistía financiera y jurídicamente a varios empresarios y financieros catalanes, alguno de los cuales está implicado en la Operación Pretoria”.( http://elpais.com/diario/2010/07/08/economia/1278540003_850215.html)
2.       … (Disa) hasta los batidos Cacaolat pasando por los sándwiches Rodilla o las cervezas Damm están ligadas al apellido Carceller. .. Ahora …Demetrio Carceller Coll, y su hijo, Demetrio Carceller Arce, afrontan duras penas de cárcel. La Audiencia Nacional les juzga ... Una saga que comenzó a levantar su imperio en la primera mitad del siglo pasado, socios además de otra de las grandes fortunas europeas, la familia alemana Oetker. Demetrio Carceller Arce, que también es consejero de Gas Natural, Sacyr, y Ebro Foods y su padre, Demetrio Carceller Coll, están acusados de blanqueo de capitales y delito contra Hacienda. En julio de 2014 el juez Pablo Ruz concluyó que existían indicios para llevar a juicio a los Carceller y sus asesores, al quedar acreditado que los imputados tejieron una trama defraudatoria a Hacienda en relación con el impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio, y de sucesiones. Desde al menos 1990 Caceller Coll "se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española simulando residir fuera de España", dice el escrito del fiscal. Panamá, Luxemburgo, Madeira, o las Antillas Neerlandesas son algunos de los países en los que los Carceller habrían ocultado parte de su fortuna. El despacho Petrus, de Barcelona, colaboró con la familia en la organización del entramado empresarial. En el bufete, indica el fiscal, Demetrio Carceller Coll era conocido "con el apodo de Jardines", quien habría dispuesto entre el año 2000 y 2009 del dinero defraudado a Hacienda dirigiendo desde España "sus cuantiosas inversiones inmobiliarias estadounidenses” (http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Demetrio_Carceller-Disa-Grupo_Damm-Audiencia_Nacional-juicio-Damm_0_950005038.html)


"El supuesto blanqueo de Demetrio Carceller Coll, del que su hijo habría sido cooperador necesario y que finalmente fue retirado por el fiscal, se basaba en las cuentas a través de las cuales el padre habría tenido acceso a los fondos presuntamente defraudados a Hacienda. Esas cuentas estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias extranjeras, "si bien operaban materialmente desde España", donde el patriarca vivía realmente, en lugar de hacerlo en el país de su residencia fiscal declarada, Reino Unido. En concreto, Carceller Coll figuraba como titular de dos depósitos, uno en JP Morgan y otro en Citigroup Private Bank. Pero también controlaba otros puestos a nombre de otras sociedades como Financiera Intercontinental, Japan Investments o Buckland Consultadoria e Serviços. Aparte de esas cuentas, también constaban a nombre del patriarca de la saga otras abiertas en entidades bancarias españolas: nueve en Bankinter, dos en Banco de Sabadell, una en Barclays Bank y otras cinco en Banesto (:::)Carceller había tejido una compleja trama para depositar fuera de España el grueso de su imperio empresarial. Así, su parte de la petrolera Disa estuvo depositada inicialmente en una sociedad holandesa participada por otra de las antillas holandesas que, a su vez, estaba controlada por la panameña Financiera Intercontinental SA. Después pasaron a la firma chipriota Japan Investments ltd. Las de Damm también se guardaban de una manera similar, así como las de Sacyr (de la que el hijo es vicepresidente), Repsol, Gas Natural, Unión Fenosa, CLH, Estrella de Levante y Ebro Puleva.Los papeles de Panamá destaparon gran parte de este entramado, una red operativa desde hace dos décadas y que la familia utilizaba para financiar sus inversiones en España a través de varias sociedades 'offshore' ubicadas en paraísos fiscales como las remotas islas de Niue y Samoa.El acuerdo —y la sentencia resultante de este— redujo los 48 años de cárcel que el fiscal pedía para el padre y los 14 que solicitaba para el hijo como cooperador necesario de los delitos de su progenitor a algo más de siete años para el primero y 13 meses para el segundo, con la sustitución de todas las penas de prisión por multas. A cambio, los Carceller se comprometieron a pagar a Hacienda 93 millones de euros en concepto de la cuota defraudada, la sanción tributaria correspondiente y los intereses".http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-14/carceller-pacto-evitar-carcel-seguira-consejero-libre-blanqueo_1256628/ 
 Los Carulla, propietarios del holding Agrolimen

En este caso me auto cito porque mucho he escrito sobre el tema:

http://silvia-leyendoperiodistas.blogspot.com.es/2012/11/las-pes-de-catalunacasos-palaupretoria.html#!/2012/11/las-pes-de-catalunacasos-palaupretoria.HTML

Pero añado información hallada últimamente y que detallo a continuación, resaltando aquellos párrafos a mi entender más significativos :

"Así consta también en dos informes que Hacienda elaboró y que envió al juzgado central de instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón estaba al frente del mismo. Las mismas fuentes señalaron a este diario que el origen de la investigación está en el sumario 161/2000, iniciado tras detectarse la existencia de supuestas operaciones de blanqueo. En el 2004, se inicia una investigación a fondo de algunas operaciones y en el otoño del 2006, Garzón ordenó registrar algunas entidades bancarias para recabar pruebas sobre determinados contribuyentes. Una de estas entidades era el Banco Espirito Santo: uno de sus clientes, Jordi Carulla, estaba en el punto de mira del juez. Además, desde Hacienda sospechan que, aunque su residencia está en Londres, vive habitualmente en Barcelona, extremo que fuentes cercanas a la familia desmintieron a este diario(...)en el grupo Gallina Blanca, los Carulla realizaron operaciones similares a las de Agrolimen. “Los Carulla contactaron con los propietarios italianos del grupo Star y llegaron, al parecer, a un acuerdo para pagar en el extranjero. Y ahí hicieron servir las compañías radicadas en los paraísos fiscales”, señalan estas fuentes. Esta operación es ya del año 2007. Las mismas fuentes aseguran que “normalmente, operaciones de este tipo se realizan con fiduciarios, pero aquí están todos los nombres de los empresarios al descubierto”. En este sentido, destacan que también puede incurrir en responsabilidad el asesor fiscal que diseñó la operativa, ya que según el nuevo Código Penal es tan responsable como su cliente. El Código prevé la figura del “inductor o coautor” del hecho, por ser quien facilita los instrumentos para cometer el presunto delito."

"La investigación comenzó después de que el juez Baltasar Garzón se interesase, en el año 2006, por diversas operaciones del Banco Espirito Santo con las que podría haber incurrido en blanqueo de capitales. Una de ellas guardaba relación con la venta de acciones mencionada. Ésta había sido realizada a dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Pero estas dos compañías, a su vez, habían sido adquiridas por otras dos con sede en Uruguay y Costa Rica, que controlaba Jordi Carulla, uno de los miembros de la familia(...)


30 de julio de 2018: A principios de este mes de julio que está llegando a su fin, bien camuflada por la vorágine de tanta información en torno a otros temas de la actualidad principalmente política de España,  se conoció la sentencia dictada por la A.N. en este affaire. Como he dedicado al mismo varias de mis entradas, he creído oportuno actualizar y añadir lo publicado en elpais.com acerca de la citada sentencia. 

Selecciono y resalto algunos de los párrafos más significativos, al menos desde mi modesto entender, y porque entiendo evidencian, una vez más, del mutis periodístico que sobre la corrupción de los socialistas catalanes se viene  llevando desde hace ya muchos años. Desconozco aunque algo intuyo el porqué de ,en muchas ocasiones, silencios absolutos, de las medias verdades, de la omisiones, de  cuando es imposible ocultar la información, situarla en los espacios informativos con menor probabilidad de ser leídos, y además, bajo titulares que dificultan en lugar de guiar al quid de la cuestión.



https://elpais.com/politica/2018/07/02/actualidad/1530536095_753922.html

"La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados por la Operación Pretoria, la trama de corrupción urbanística que funcionó durante casi una década en las localidades de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en la zona metropolitana de Barcelona. A lo largo de una resolución de más de 1.300 páginas, los magistrados consideran probados los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Y sentencian al principal implicado, Luis Andrés García, alias Luigi y exdiputado del PSC, al que definen como el "conseguidor", "facilitador" e "intermediario", y condenan al exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, ( se ha omitido del PSC )a cinco años y ocho meses de cárcel(...)Según la sentencia, los acusados tejieron entre 2002 y 2009 toda una red de corrupción en el área metropolitana de la provincia de Barcelona para participar en diferentes operaciones urbanísticas y, en lugar de favorecer el interés público, enriquecerse. "Buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares, propiciando importantes beneficios y comisiones", relata la Audiencia Nacional, que describe también cómo utilizaron para ello un entramado de intermediarios, testaferros, empresas y cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore. 

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