El jueves pasado leía en la edición madrileña del periódico gratuito "Metro", dos noticias referentes a desahucios. Uno de ellos ya consumado por la ejecución del embargo del SCH sobre el piso en el que vivían sus propietarios, una pareja con su niña. Esta vivienda, según decía la noticia, el vendedor, posteriormente, la había hipotecado con el desconocimiento de sus dueños. Tras esta lectura se me presentaron algunos interrogantes. ¿No hubo un documento público, tanto por la operación de compraventa como por la de préstamo, intervenido por un fedatario e inscrito en Registro, tal como la ley prescribe, que pudiese ser testimonio fehaciente de las transacciones realizadas? ¿Cómo se puede “colar” tamaña irregularidad?
El otro era un suceso. Se informaba de un taxista desesperado atrincherado en su modesta vivienda, de la cual lo echaban porque ésta había sido expropiada para la creación de un nuevo acceso, o algo así, a la M-30. Como era propietario le negaban un piso de alojamiento. ¡Vaya!
El otro era un suceso. Se informaba de un taxista desesperado atrincherado en su modesta vivienda, de la cual lo echaban porque ésta había sido expropiada para la creación de un nuevo acceso, o algo así, a la M-30. Como era propietario le negaban un piso de alojamiento. ¡Vaya!
No obstante estas dos kafkaianas situaciones, "la guinda", a mi entender, la leo esta mañana en un correo electrónico recibido de" Protesta y denuncia la blasfemia" en el que se detalla que la Comunidad de Madrid y su Ayuntamiento financian con 1.442.429 euros (240 millones de ptas.) y 150.253,- euros (25 millones de ptas.), respectivamente, al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde está expuesta una obra blasfema.
La cuestión de fondo y principal es el reflejo del modo en que las necesidades reales y cotidianas de los ciudadanos son menospreciadas y desatendidas, mientras sumas gruesas se distraen y destinan, con la mayor generosidad, sin acreditación de beneficio alguno al bien común. Así nos va.
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