Hace unos días leí en Facebook una anécdota que, cierta o no, invita a pensar: se decía que la esposa del general De Gaulle llevaba una libreta donde anotaba todos los gastos particulares realizados en el hogar presidencial —hasta las pastillas de jabón— para abonarlos después al Erario francés. Más allá de su veracidad, la idea me hizo reflexionar sobre el contraste con el mantenimiento, a mi parecer ostentoso, de los primeros ministros de España, especialmente del actual, Pedro Sánchez.
Hace unos días leí en Facebook una anécdota que, cierta o no, invita a pensar: se decía que la esposa del general De Gaulle llevaba una libreta donde anotaba todos los gastos particulares realizados en el hogar presidencial —hasta las pastillas de jabón— para abonarlos después al Erario francés. Más allá de su veracidad, la idea me hizo reflexionar sobre el contraste con el mantenimiento, a mi parecer ostentoso, de los primeros ministros de España, especialmente del actual, Pedro Sánchez.
Hablamos de un jefe del Ejecutivo que reside en un palacete, utiliza el Falcon incluso para asistir a un concierto, disfruta de vacaciones en La Mareta y, según informaciones periodísticas, ha permitido que familiares directos vivan temporadas en La Moncloa. Todo ello en un país donde el contribuyente soporta una presión fiscal considerable y donde la transparencia sobre los gastos presidenciales es, como mínimo, escasa.
No creo que sea el ciudadano español quien deba sufragar estos dispendios. Mientras otros líderes europeos mantienen estándares mucho más sobrios y proporcionados a su cargo, España parece haber adoptado una concepción casi cortesana del poder ejecutivo.
Por ello, me gustaría que los partidos políticos incluyeran en sus programas electorales una regulación clara y estricta de los gastos presidenciales: limitarlos, hacerlos públicos, ajustarlos a estándares europeos y recordar que el primer ministro es, ante todo, un funcionario público al servicio de la ciudadanía, no un monarca sin corona.
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(*) Revisión y actualización entrada.
Hablamos de un jefe del Ejecutivo que reside en un palacete, utiliza el Falcon incluso para asistir a un concierto, disfruta de vacaciones en La Mareta y, según informaciones periodísticas, ha permitido que familiares directos vivan temporadas en La Moncloa. Todo ello en un país donde el contribuyente soporta una presión fiscal considerable y donde la transparencia sobre los gastos presidenciales es, como mínimo, escasa.
No creo que sea el ciudadano español quien deba sufragar estos dispendios. Mientras otros líderes europeos mantienen estándares mucho más sobrios y proporcionados a su cargo, España parece haber adoptado una concepción casi cortesana del poder ejecutivo.
Por ello, me gustaría que los partidos políticos incluyeran en sus programas electorales una regulación clara y estricta de los gastos presidenciales: limitarlos, hacerlos públicos, ajustarlos a estándares europeos y recordar que el primer ministro es, ante todo, un funcionario público al servicio de la ciudadanía, no un monarca sin corona.
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