Acabo de leer sobre la actualidad informativa de ayer. Dos han sido las noticias que centraron mi interés. Una, la referida a las manifestaciones del obispo que preside la CEE(Conferencia Episcopal Española). La otra, la de las medidas de la Generalitat para aumentar, si cabe, la exclusión del castellano en la Escuela. Ambas informaciones, desde mi punto de vista, relacionadas directamente con la cuestión de la Educación, los derechos humanos y la igualdad de los ciudadanos españoles enfrentados al olvido e incumplimiento - sistemático, consciente y hasta premeditado - de la Administración Pública en su papel de salvaguarda y garante de los derechos fundamentales de TODOS sus gobernados;en los que se incluyen la libertad de ideas y creencias y el uso y enseñanza de la lengua común.
Lo que en los ámbitos de la Enseñanza y de las relaciones entre administración y ciudadanía se viene haciendo en Cataluña, con los catalanes que tienen el castellano por lengua materna, con mayor hincapié desde 1998, año de la aprobación de la llamada Ley de Normalización Lingüística(*), estimo constituye uno de los mayores atropellos cometido por una clase política(TODA) , que se mueve exclusivamente por sus intereses de partido o de reparto del Poder. Situación que, a mi entender, lejos de solucionarse, se agrava. ¿Cómo, si no, se puede entender que la Generalitat CONTINUE con su política de discriminación y desigualdad, promotora de diferencias vejatorias entre la ciudadanía sin un clamor unánime de repulsa y contestación por parte del gobierno central exigiendo responsabilidades e iniciando o promoviendo recursos e iniciativas - lo que sea -para detener y deshacer esta triste situación en que se hallan tantos ciudadanos comunes?
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(*) Ley aprobada , creo, con la unanimidad de todas la formaciones políticas del momento presentes en el Parlament y gobernando - como aquí gusta decir - en Madrid, el Partido Popular, unida a la connivencia cobarde y oportunista del resto de instituciones y agentes sociales.
Lo que en los ámbitos de la Enseñanza y de las relaciones entre administración y ciudadanía se viene haciendo en Cataluña, con los catalanes que tienen el castellano por lengua materna, con mayor hincapié desde 1998, año de la aprobación de la llamada Ley de Normalización Lingüística(*), estimo constituye uno de los mayores atropellos cometido por una clase política(TODA) , que se mueve exclusivamente por sus intereses de partido o de reparto del Poder. Situación que, a mi entender, lejos de solucionarse, se agrava. ¿Cómo, si no, se puede entender que la Generalitat CONTINUE con su política de discriminación y desigualdad, promotora de diferencias vejatorias entre la ciudadanía sin un clamor unánime de repulsa y contestación por parte del gobierno central exigiendo responsabilidades e iniciando o promoviendo recursos e iniciativas - lo que sea -para detener y deshacer esta triste situación en que se hallan tantos ciudadanos comunes?
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(*) Ley aprobada , creo, con la unanimidad de todas la formaciones políticas del momento presentes en el Parlament y gobernando - como aquí gusta decir - en Madrid, el Partido Popular, unida a la connivencia cobarde y oportunista del resto de instituciones y agentes sociales.
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