La polémica surgida en torno al tema lingüístico en la Cámara de los Diputados me lleva a reflexionar lo siguiente:
1.-En España existe una lengua común, el Castellano o Español ( así denominado principalmente fuera de España). Lengua materna de más de dos tercios de los ciudadanos españoles; idioma que, según regula la Constitución vigente, es obligatorio conocer y por lo tanto, todos los parlamentarios conocen y entienden.
2.- Si el Parlamento o Congreso de los Diputados es la institución pública y democrática que reúne a los representantes del Pueblo Soberano, pienso que por sentido común se deberían expresar en la lengua común a todos; que, además, - insisto - es la que hablan y entienden una mayoría, absoluta, de los ciudadanos españoles. ¿Acaso los diputados que en el Congreso se expresan en alguna de las otras lenguas de España no quieren que se les entienda? ¿Por qué?
3.- La finalidad de cualquier parlamentario es parlamentar (de ahí parlamentario). Su fuerza y poder está en hablar y convencer con razonamientos y argumentos a su adversario.
4.- El parlamentario - ministro o diputado - es un servidor público, elegido por el pueblo, pero y, principalmente, para el Pueblo, genéricamente hablando. Así pues, los discursos y razones de los debates parlamentarios competen a la totalidad del país y deberían ser comprendidos por la ciudadanía en general, sin necesidad de traductores o intérpretes ni los subtítulos a pie de pantalla, existiendo como existe, una lengua común y oficial para todo el pueblo español.
Y, para acabar, relativo a los derechos de los ciudadanos y la cuestión lingüística, leía ayer una carta al director publicada en El Semanal Digital quejándose por la retrasmisión de la misa dominical, por los dos canales públicos (La 2 y TV3), exclusivamente en catalán. En este caso son dos estamentos bien distintos los que se están olvidando de sus obligaciones y por ende, de los derechos de buena parte de la gente: la Iglesia y la Admón. Pública.
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