Vidas paralelas (la administración de justicia), (III), mayo 22, 2005

Continuando con mi versión particular del contraste entre la visión de los políticos con la mía propia sobre la realidad española, hoy en primer lugar abordaré el tema de la administración de justicia. Para mí, otra de las más graves cuestiones pendientes de resolver por los poderes públicos.

Es conocido de todos y muchos lo han experimentado y experimentan en propia carne, la tardanza, por regla general, de años, muchos años, que transcurren entre el delito o causa, hasta que la llamada Justicia se pronuncia. Es decir, falla y dicta sentencia. Sentencia que, en muchas ocasiones, tampoco es el final, sino el inicio de otro largo período de recursos y paso o traspaso a otros tribunales con el consabido enorme papeleo, trámites, intervención de procuradores y abogados. Y, resumiendo, un gran coste económico, incapaz de ser soportado por el común de los ciudadanos. Elementos todos que inducen a no llevar a los Tribunales muchas y comunes causas de litigio entre particulares que debían dirimirse por un órgano independiente y objetivo de Justicia.

En la práctica, cotidianamente, saltan a los titulares de prensa las injustas sentencias en todos los ámbitos, como la del parapléjico que un fallo de la Audiencia de Barcelona le quita la indemnización aprobada por otro tribunal de inferior categoría. La pugna entre organismos públicos que termina con la decisión del juez de familia de quitar a los padres adoptivos a un niño pequeño para ser entregado a la mujer que lo había parido; para, meses más tarde, el pequeño ser ingresado en un centro porque mendigaba en el Metro de Madrid junto a la madre biológica que lo reclamara. Los numerosos casos de delincuencia cometidos por "presos" en los llamados permisos; que suelen ser de la misma naturaleza del delito por el cual están sufriendo condena, es decir, asesinos que los sueltan y matan, ladrones que roban, violadores que violan, pederastas que abusan nuevamente de menores, y etc. etc.

Sin olvidar los contrastes entre sentencias para delitos graves pero cometidos por según quién. O el distinto tratamiento dado por funcionarios de justicia a los delincuentes encerrados, entre cuyos casos más famosos está el del traficante de droga que - contra toda razón de derecho- recibió permiso y ¡zaz! voló; o , los criminales de ETA que , según tantas veces se ha denunciado, reciben condiciones especiales en las cárceles y hasta obtienen títulos universitarios sin abrir tan siquiera un libro. Ni tampoco se puede entender que delincuentes condenados sobre el papel a miles de años de prisión, en diez , quince años estén fuera y , además, muchos años antes, estén disfrutando de permisos y otras prerrogativas.

Y, me detengo, porque creo que para ejemplo ya tenemos unos cuantos y suficientes para ilustrar la necesidad urgente de dotar a este país de una sana y justa administración de justicia. Bueno, así lo creo yo.

Aun no termino, pero interrumpo porque tengo otras cosas que hacer.