De las diferentes cuestiones no planteadas en el debate sobre el Estado de la Nación me quedó pendiente la cuestión del bienestar social y de sus complementarias, la sanidad y las prestaciones públicas. Términos todos que, al menos para mí, están íntimamente relacionados con el colectivo de inmigrantes. A quienes, muchas de las ayudas, prestaciones y subvenciones públicas van destinadas, agravando el problema del reparto equitativo de unos limitados recursos de la Seguridad Social nacional. El problema o agravio comparativo - según se le quiera llamar - se hace mayor en aquellas zonas de España en donde se han concentrado los mayores núcleos como es el caso de los inmigrantes marroquíes en Cataluña, o los rumanos en Aragón, por citar dos ejemplos. Las gentes del lugar, los de allí de siempre, saben de la imposibilidad de tener plaza en la guardería municipal o en la escuela. Conocen que han de solucionar su problema pagando lo que no tienen o recurriendo a la ayuda de familiares, madre y suegra, para el cuidado de los peques. También están al corriente que los inmigrantes pueden instalarse sin tener la obligación del pago de arbitrios e impuestos que pesan sobre los naturales, y etc. etc.
Sin contar, asimismo, el empeoramiento en general que los servicios de la Seguridad Social públicos tienen al ser mayor el número de personas al que debe atender. Ni olvidar, de cara al futuro, lo de las pensiones a soportar y a repartir. Sin embargo, toda esta problemática es menospreciada o ignorada desde los estamentos oficiales y lo que se nos vende es la llegada de la inmigración como una especie de tabla salvadora del futuro de nuestras pensiones. Enfocándolo sólo desde el punto de vista de su más alta tasa de natalidad. No se valoran ni cuantifican los elevados costes - de toda índole- de esta “invasión incontrolada”.El crecimiento exponencial de la población de inmigrantes que toda España está teniendo, concentrado en determinadas zonas del país, tales como Madrid, Barcelona, Levante, etc., es un fenómeno que se ha producido en corto espacio de tiempo. Que ha tenido un acelerón con las medidas de regularización llevadas a cabo por la actual administración socialista, que, en la práctica, han sido un verdadero reclamo, pero cuyas consecuencias futuras y ciertas están por venir, experimentar y, principalmente, superar.
Sin contar, asimismo, el empeoramiento en general que los servicios de la Seguridad Social públicos tienen al ser mayor el número de personas al que debe atender. Ni olvidar, de cara al futuro, lo de las pensiones a soportar y a repartir. Sin embargo, toda esta problemática es menospreciada o ignorada desde los estamentos oficiales y lo que se nos vende es la llegada de la inmigración como una especie de tabla salvadora del futuro de nuestras pensiones. Enfocándolo sólo desde el punto de vista de su más alta tasa de natalidad. No se valoran ni cuantifican los elevados costes - de toda índole- de esta “invasión incontrolada”.El crecimiento exponencial de la población de inmigrantes que toda España está teniendo, concentrado en determinadas zonas del país, tales como Madrid, Barcelona, Levante, etc., es un fenómeno que se ha producido en corto espacio de tiempo. Que ha tenido un acelerón con las medidas de regularización llevadas a cabo por la actual administración socialista, que, en la práctica, han sido un verdadero reclamo, pero cuyas consecuencias futuras y ciertas están por venir, experimentar y, principalmente, superar.
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